Ha trascendido que el cuestionado exdirector del CTI, Danny Julián Quintana Torres, señalado de cometer múltiples delitos y abusos mientras estuvo en la fiscalía bajo el mando de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, fue llamado a interrogatorio en calidad de indiciado, en el marco de la gigantesca investigación que se adelanta contra una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar a ciudadanos involucrados en casos de extinción de dominio. 

LOS IRREVERENTESpudieron confirmar con altas fuentes que contra Quintana hay un poderoso paquete de indicios que apuntan a que él, apoyado por quien fuera la directora de la unidad de extinción de dominio de la fiscalía general de la Nación, la señora Andrea Malagón y el muy cuestionado exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, era ficha clave en el entramado de corrupción que operaba de forma similar al denominado Cartel de la Toga.

En efecto, esta estructura delincuencial ubicaba a personas que estaban en procesos de extinción de dominio para efectos de exigirles gruesas sumas de dinero a cambio de lograr el archivo de dichos procesos. 

Este portal conoció una denuncia presentada hace pocos días por la firma del abogado Abelardo De La Espriella en la que se le solicita a la fiscalía que “se dé inicio a una investigación penal en contra de los señores Andrea Malagón, Danny Julián Quintana y Carlos Sotomonte Salazar”. Sotomonte funge como fiscal 35 de extinción de dominio.

En la denuncia formulada por la firma de Abelardo De La Espriella, que obra en representación del empresario Norberto Mora Urrea, se asevera que “el señor Danny Julián Quintana, buscó y contactó al señor Alirio Mora Urrea, hermano de mi representado para pedirle dinero a cambio de terminar el proceso que cursaba en su contra y de toda la familia Mora Urrea”. 

Denuncia formulada contra Danny Quintana y otros integrantes de la red de extorsionistas

Como la familia Mora no cedió ante el chantaje de Quintana, de manera sospechosamente expedita, la entonces directora de extinción de dominio, Andrea Malagón -y compinche de Quintana- ordenó a través de la resolución número 0119 la apertura formal contra ellos. 

Para poner en marcha el plan criminal, el proceso le fue asignado al fiscal Sotomonte quien, como apunta la oficina de De La Espriella, “armó el caso” recurriendo a testimonios contradictorios y evidentemente inverosímiles de 3 miembros de la banda terrorista Farc que coincidencialmente se desmovilizaron ante el señor Edison González, comandante del Gaula de Cundinamarca y esposo de la fiscal Malagón. 

A esos testimonios, que claramente fueron direccionados por el esposo de la señora Malagón -parte central de la banda criminal- se sumó un supuesto informe pericial contable y patrimonial realizado por un personaje que no tiene siquiera tarjeta profesional como contador público. 

Este entramado de corrupción se conoció gracias a que el capturado Otto Bula -involucrado en el caso Odebrecht- se atrevió a hacer la respectiva denuncia, pues él también fue extorsionado por un miembro de la banda de Quintana. 

Los dueños de “Supercundi” también fueron extorsionados por Quintana

Pero Bula no es el único denunciante. Son muchos más los que se han acercado al despacho del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, para contar cómo han sido víctimas de extorsiones y montajes judiciales de esa estructura en la que el ahora indiciado Danny Julián Quintana era uno de sus cerebros.  

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 21 de 2019