La mofa que han tenido que vivir aquellos que apoyaron el proceso de paz y votaron sí a los acuerdos de La Habana, como consecuencia del fatal protagonismo que ha adquirido Jesús Santrich, no es más que el resultado de un proyecto político ilegítimo y sin garantías. El hecho de servir a los criminales y sabotear la decisión de un pueblo, no puede traer efectos diferentes a los actuales. Al respecto, la oposición acuñe que el presidente Duque está en contra de la paz y que su gabinete no busca más que estropear los acuerdos, pero lo que no aceptan es que, el acuerdo hecho por Santos, carece de aceptación social y de una estructuración real en términos de justicia. Increíble que un acuerdo que es más largo que nuestra constitución y que tiene más de 300 páginas como todo en Colombia, no hubiese contemplado un escenario como el que se está viviendo.

El afán del gobierno pasado nos está causando grandes pérdidas en materia económica y social, y la violencia no cesa, es un imposible cuando hay 200.000 hectáreas de coca. Lo que se ha producido es una convulsión de las instituciones y un detrimento de la voluntad popular, que en medio de los caprichos de personajes como Santrich, se desvía de temas fundamentales para avanzar como país. Situación que se complejiza aún más, con el cambio en el funcionamiento y modelo de decisión del Congreso, donde dejó de reinar la mermelada y se obtienen respuestas tales como el rechazo al proyecto de ley que proponía quitar los beneficios penales para corruptos.

Es claro que la paz es primordial, nadie está a favor de la guerra. Pero también es evidente que sin seguridad no hay libertad, y que para construir una paz medianamente equilibrada, deben existir compromisos proporcionales al daño y que se cumplan de manera efectiva entre las partes involucradas. En campaña se prometieron muchas cosas que no se vieron reflejadas en los acuerdos, y que finalmente es lo que ahora consignan las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, entre las que se encontraban cárcel, así sea con una pena alternativa, para crímenes de lesa humanidad y la entrega de todas las riquezas obtenidas ilegalmente por las Farc para reparar a la víctimas, que según la revista Forbes asciende a más de 10.000 millones de dólares.

Los comportamientos de Santrich no pueden seguir siendo una afrenta contra las instituciones de justicia, y mucho menos contra las víctimas del conflicto armado. El cinismo de este señor, parece ser un juego con el pasado de un pueblo marcado por la guerra, la criminalidad y el narcotráfico; un negocio casi interminable. Pretender estar por encima de una Nación, aún después de aparentar pedir perdón, quizá, quizá, quizá… no aporte nada a la paz. Respeto la autonomía de las instituciones y apoyo a la Corte Suprema de Justicia, esperando que su potestad sea tan legítima, como el tribunal de privilegios al que la mayoría de ex combatientes no temen acceder.

@JuanPCamachoS

Publicado: julio 18 de 2019