Abundan las pruebas de que la financiación de la reelección de Juan Manuel Santos fue, en realidad, una brutal empresa criminal en la que el delincuente Roberto Prieto jugó un papel de primera línea.

La fiscalía tiene todas las pruebas que confirman que el bandido Prieto, además de inundar las arcas de la campaña santista con plata de la corrupción, cual vil delincuente se empleó a fondo para desaparecer la contabilidad, con el apoyo decidido de quien había fungido como contadora en esa operación, la señora Araceli Rojas. 

Se ha dicho una y otra vez: el señor presidente Iván Duque tiene el deber con Colombia de incluir en la terna para la fiscalía a personas que no tengan problema ni impedimento ninguno para llegar hasta el fondo del caso de Odebrecht y, por supuesto, en todo lo relacionado con la empresa criminal montada por Juan Manuel Santos, su hijo Martín, el siniestro Juan Mesa Zuleta, Germán Vargas Lleras y Roberto Prieto, entre otros, para financiar la campaña que permitió que el presidente de la época, lograra su reelección en 2014.

Es evidente que una investigación exhaustiva terminará enredando a los dos candidatos que se enfrentaron en aquellas elecciones, pues Óscar Iván Zuluaga también fue favorecido ilegalmente por Odebrecht. Y en eso, el uribismo no puede perder la coherencia. Zuluaga, asesorado por un sujeto oscuro -Daniel García Arizabaleta- que increíblemente hoy tiene oficina en la sede principal del Centro Democrático, selló un pacto -reprochable desde todo punto de vista- con los cabecillas de Odebrecht. 

Los cuestionamientos contra Santos han sido permanentes. No son cosa de ahora. Las denuncias por el caso Odebrecht empezaron a ventilarse desde finales del año 2016. A lo largo de 2017, se demostraron a plenitud todas las irregularidades cometidas en la adición al contrato de la denominada Ruta del Sol II, operación delictiva en la que tuvieron participación decidida las ministras y mujeres fuertes del santismo, Gina Parody y Cecilia Álvarez, en su momento calificadas por el presidente como unas mujeres “impolutas”. 

Además de favorecer a Odebrecht, con la adición a dedo y sin rigor alguno de la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra, se hizo con dinero público una carretera que tenía beneficiarios específicos: la familia de la exministra Parody, propietaria de un puerto ubicado en el mismo punto donde comenzaba el trazado de la carretera en cuestión. 

El niño menor de Santos, Esteban, escribió en Twitterque “mi papá no tiene porqué responderle a una periodista y dos expresidentes que están completamente obsesionados con él. Su objetividad e imparcialidad son tan falsas como el pajarito que le habla a Maduro”. 

Tal vez tenga razón el muchacho. Santos realmente al que le debe responder es al país que gobernó durante 8 años. Es hora de que ese sujeto deje de pasearse por el mundo, publicando retratos suyos y de su esposa montando en bicicleta y se concentre en dar las respuestas que el país está demandando. Santos es un delincuente. Por mucho menos de lo que él hizo como presidente de la República, hay exmandatarios de otros países tras las rejas. Hoy, Alejandro Toledo, del Perú, está en un calabozo esperando ser extraditado a su país, donde será juzgado y seguramente sentenciado a pagar una larga condena tras las rejas. 

Colombia entera debe ejercer presión social para que el corrupto Juan Manuel Santos deje de mandar razones con sus hijos y, en cambio, ponga la cara y brinde las explicaciones que el país necesita oír de su boca. 

@IrreverentesCol

Publicado: julio 23 de 2019