El despelote en el que terminó el otorgamiento de avales por parte de los partidos políticos a candidatos para participar en las elecciones del 27 de octubre es otro ejemplo del caos institucional, político y social en el que estamos metidos; no se salvó ningún partido político. El caos administrativo, falta de rigurosidad y seriedad en los procesos de selección, que exigía majestad por parte de las directivas de los partidos políticos fue total.
Esta situación refleja también el traumatismo de los partidos políticos. Por un lado, se le negó avales a militantes conocidos y probados en diferentes regiones que aspiraban a alcaldías y gobernaciones, para otorgárselo a personas que carecen de autoridad moral y ética para asumir la responsabilidad superior como es la de administrar recursos públicos y gobernar.
Por otro lado, el fenómeno inusual de coavales, termino parroquial pero inexistente en la legislación electoral, desbarató y confundió a los ciudadanos y a los mismos candidatos, quienes desconocen la responsabilidad jurídica que implica la figura de “acuerdo programático y político entre partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.”
El sancocho electoral en estas elecciones permitió por ejemplo acuerdos entre el Centro Democrático con partidos políticos que representan todo lo contrario a los postulados ideológicos y políticos como el Partido Verde. Increíble.
No pretendemos que en las regiones asuman los debates y divisiones del contexto nacional, pero si se esperaba de los partidos políticos y de los mismos candidatos limites en este festival de avales y coaliciones en el que se convirtió el proceso de inscripción que acaba de finalizar.
Es urgente, seguiremos insistiendo, en la necesidad de reformar los partidos políticos, el sistema electoral, y el tribunal electoral a través de Asamblea Nacional Constituyente, de lo contrario nunca habrá reforma estructural y de fondo que modifique las malas costumbres del ejercicio político y electoral en Colombia.
Por ejemplo: no es posible ni tiene sentido que los candidatos que acudieron a la figura de grupo significativo de ciudadanos para obtener aval y poder inscribirse, terminen captando avales de diferentes partidos políticos; si acudieron a ese sistema independiente y cívico permitido por la legislación, para qué diablos acuden con posterioridad a solicitar avales de los partidos políticos que rechazan en sus discursos.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral debe reglamentar la captación de avales por parte de candidatos. No es posible que se permita a través de mecanismos ilegales, de presión e intimidación (que deberán ser investigados por las autoridades) que centenares de candidatos pretendan ganar las elecciones sin competencia alguna; estamos presenciando una aberración y atentado contra la democracia y los derechos constitucionales.
No soy enemigo de las coaliciones, ¡NO! Estamos denunciando es el descarrilamiento del sistema electoral, de los procesos administrativos de los partidos, y de la incoherencia política en varias coaliciones que quedan para enmarcar por su atipicidad política e ideológica.
Ahora lo que viene es la tarea de los ciudadanos, de los electores. Es deber de ellos y de los orientadores de opinión, exigir rigurosidad en la lectura de los programas de gobierno, de las propuestas, presenciar y exigir debates públicos, trasmitidos por medios de comunicación regional y local que permita conocer y saber las capacidades y conocimientos de los candidatos sobre el presente y futuro de nuestras ciudades y departamentos.
También es tarea obligatoria de toda la sociedad ejercer veeduría rigurosa en gastos descomunales e innecesarios de las campañas: quien gasta y compra votos para ganar, necesariamente llega a recuperar los gastado y comprado.
¡Estamos alertados!
Publicado: julio 30 de 2019
3.5