La tragedia ocurrida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aflige la mente, sobrecoge el alma y encoje el corazón. A pesar del dolor humano ante tanta devastación, debemos sobreponernos y hacer de esta calamidad una oportunidad, no solo, para reconstruir las Islas, sino para dotarlas de la infraestructura que nunca han tenido. La deuda que Colombia tiene con su Archipiélago, es enorme, cuantiosa y morosa.
Si bien tenemos derecho a caernos, también tenemos obligación de levantarnos, erguirnos y reponernos ante el infortunio, máxime, si es consecuencia de la voluntad intemperante de la naturaleza. A San Andrés le llegó la hora de ponerse de pie, reivindicar su pasado, ordenar su presente y planificar su futuro.
Es tiempo de sumar, reconstruir y edificar. No es tiempo de restar, replegarnos y empequeñecernos. Lo ocurrido debe concitar la solidaridad nacional y motivar la estructuración y adopción de un Plan Maestro de Desarrollo y Sostenibilidad Integral de las Islas.
Si bien el Gobierno Nacional ha actuado de manera oportuna y diligente ante la emergencia, se hace necesario, que, con la estructuración y articulación de ese Plan, se atiendan y resuelvan los afanes, las angustias y las necesidades presentes y urgentes de los isleños, pero más que eso, se prospecten, planifiquen y ejecuten las obras que aseguren la sostenibilidad presente y futura del Archipiélago.
La nación puede hacer de esta contingencia la oportunidad para estructurar y materializar un reordenamiento social, territorial, económico y ambiental del Archipiélago, que ponga fin a tantos problemas que agobian a las Islas y sus habitantes.
Desde hace varios años hemos denunciado la corrupción rampante de la clase política que subyuga a sus residentes, así como de la de sus gobernantes, la mayoría de ellos, investigados y condenados por indelicadezas y abusos, sumado a la negligencia insuperable de los representantes de las agencias del Estado nombrados en las Islas, los que nada hacen por resolver el origen de los problemas y tan solo se limitan a hacer anuncios mediáticos para supuestamente abatir sus efectos y consecuencias.
Las Islas carecen de un estatuto de inmigración y están sobrepobladas; la infraestructura sanitaria de la que disponen es precaria, insuficiente y contaminante; los servicios de salud son primarios y poco confiables; y, la red de comunicaciones es deficiente e intermitente.
Ojalá que Susana Correa, recientemente nombrada Gerente de la Reconstrucción del Archipiélago, tenga la capacidad, la autoridad y la decisión de cumplir con solvencia y suficiencia tan exigente y delicado encargo, y que su labor supere las necesidades, las esperanzas y las expectativas de sus atribulados habitantes.
El Gobierno y el sector privado deberían aprovechar esta infausta coyuntura, para restituirle al Archipiélago lo mucho que le ha prodigado a la nación, y que su ayuda e intervención no sea episódica ni pasajera.
Las grandes empresas del sector privado, deberían adoptar y hacer propia la reconstrucción y el mantenimiento de varios lugares y establecimientos de uso público del archipiélago.
Por ejemplo, qué bueno fuera, que los grandes laboratorios farmacéuticos y proveedores de equipos médicos asumieran la reconstrucción y dotación del Hospital de Providencia; que las grandes cementeras y siderúrgicas suministraran cemento y acero a precios de costo durante la reconstrucción de las islas; que las fábricas de dulces y golosinas asumirán la reconstrucción, dotación y mantenimiento de escuelas, colegios y parques infantiles; que los bancos asumieran la reconstrucción, dotación y mantenimiento de malecones y sitios turísticos; en fin, que las grandes empresas no solo donaran recursos, sino que además, asumieran un compromiso serio entre tanto se logra la reconstrucción y la normalización de la vida de los isleños.
Es lamentable recordar, que irónicamente, la fecha de ocurrencia de esta contingencia, coincide con aquel 19 de noviembre de 2012, en que la Corte Internacional de Justicia mutiló y desmembró el Archipiélago mediante un fallo contrario a derecho, que violentó el ordenamiento jurídico Internacional; afectó derechos de terceros países; incurrió en incongruencia al conceder más y distinto de lo pretendido (ultra y extra petita); desconoció el principio Pacta Sunt Servanda; y, creó una extravagante jurisprudencia en materia de delimitación de aguas territoriales, y ante lo cual, el Presidente de la época, Juan Manuel Santos guardó silencio quedando incurso en una omisión inexcusable en un gobernante que juró defender la constitución y la ley.
Es claro que ese espurio fallo, no se limitó a definir los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua al amparo del Tratado Esguerra-Bárcenas, sino que además, creó un nuevo mapa en el Caribe que perturbó su orden geopolítico, al comprometer derechos de terceros países no vinculados al litigio, con lo que la Corte violentó el Artículo 59 de su propio Estatuto, el que a la letra dice: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.”
Hoy recuerdo, que, en su momento, Bernardo “Bibi´s” Britton, raizal y emblema de Haynes Cay me dijo: “El Gobierno Santos se quedó con los cayos y regalo el agua y su riqueza; ahora se vende en San Andrés pescado Basa cultivado en el Río Mekong de Vietnam y nos toca comprar el Pargo a Nicaragua.”
Como lo dijimos en su momento, todo fallo, sentencia o laudo merece respeto y acato, sin perjuicio a que las partes en contienda puedan interponer recursos cuando se profane el debido proceso o el derecho de defensa; el juzgador desconozca derechos o ignore hechos con valor probatorio; o, cuando abusivamente se arrogue potestades que no le competen. Esto último fue lo que hizo la Corte de la Haya y Santos no hizo nada.
Lo anterior suponía, que para que Colombia pudiera cumplir el fallo, debía modificar sus fronteras con otros países, lo que terminaría siendo una imposición también para ellos y este solo yerro hizo inejecutable el fallo.
Pero más grave resultó para la comunidad internacional, la aventurada doctrina que pretendió alterar los principios que rigen la delimitación de las áreas marinas adyacentes a costas y archipiélagos.
El daño que causó el fallo por razones ajenas al litigio, como son, desconocer derechos económicos sobre una zona en la que Colombia ejercía soberanía y posesión quieta y tranquila, es proverbial. En suma, el fallo causó un problema mayor al que pretendió resolver, y el Gobierno Santos y su pomposa Canciller nada hicieron.
Esta desgraciada coincidencia, debería aún más, exhortar al Gobierno y a todos los colombianos, a escuchar y atender las necesidades de nuestro Archipiélago en momentos de tanta duda, incertidumbre y desolación.
San Andrés y Providencia tienen la palabra.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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