Uno de los aspectos que mayor preocupación generaba de los acuerdos negados de La Habana era, precisamente, el enfoque arcaico y muchas veces experimentado respecto de la tierra. A través de muchas reformas agrarias, se creyó que el problema rural colombiano se solucionaba a través de la simple redistribución de la tierra, cuando aquello ha demostrado que el campesinado más que la tierra lo que necesita es acceso a la tecnología y facilidades para agremiarse con el fin de mejorar su capacidad productiva y de comercialización.

Para los voceros del NO, la denominada reforma rural integral debe ir más allá de la redistribución de la tierra, respetando el derecho legítimo a la propiedad privada en el campo.

Preocupación generó en los ciudadanos una serie de criterios ambiguos que estaban consignados el capítulo agrario del acuerdo como por ejemplo la posibilidad de que se pudieran expropiar aquellas tierras que “no cumplieran ninguna función social”.

Eso abría la puerta para que cualquier “inspector de tierras”, de manera subjetiva decidiera cuáles haciendas cumplían una función social y cuáles no, dejando en un limbo inaceptable a los empresarios del campo quienes son, al final de cuentas, los principales generadores de empleo rural.

Al respecto, por ejemplo, la exministra Martha Lucía Ramírez ha solicitado que se defina ese asunto y se explique en detalle cuáles serán los criterios por los que procedería la extinción de dominio por incumplimiento de la función social.

Resulta dañino en un Estado social de derecho que reivindica el derecho a la propiedad privada que un acuerdo de paz suscrito con un grupo terrorista ponga en peligro aquellas tierras que fueron adquiridas legalmente. Por eso, otro asunto que deberá ser incluido en el nuevo acuerdo es el de la no vulneración de la propiedad por cuenta de un equivocado criterio contenido de la denominada Ley de Tierras: el de los “compradores de buena fe no exentos de culpa”.

Es perfectamente aceptable que aquellos que compraron de mala fe o despojaron tierras, sean castigados con todo el rigor de la ley, pero esa capacidad punitiva no puede tener la capacidad de extenderse hacia los propietarios que adquirieron tierras de manera legítima y a quienes subjetivamente se les puede endilgar un grado de culpa en la negociación de las mismas.

De hacer carrera aquella tesis, se estaría validando el nefasto fenómeno de los falsos reclamantes de tierras; campesinos que vendieron sus predios con apego a la legalidad y que, amparados en la Ley de Tierras y aupados por colectivos de abogados mercantilistas y especializados en esquilmar al tesoro público, de la noche a la mañana han resuelto presentarse como despojados, cuando nunca lo han sido.

Respecto al fondo de tierras, éste debe seleccionar a los beneficiarios con criterios objetivos, sin ningún sesgo ideológico, ni con desequilibrios regionales. Los voceros del NO consideran que los subsidios y los denominados capitales semilla deben ser asignados equitativamente con ajuste a lo que ordene la ley y no bajo los lineamientos de las Farc, organización que en ningún caso puede entrometerse en este procedimiento.

El acuerdo negado popularmente no obligaba a que los jefes de las Farc entregaran las miles de hectáreas que tienen en su poder, todas ellas despojadas violentamente y escrituradas a nombre de testaferros suyos.

Aquello era una afrenta a la sociedad. En el nuevo acuerdo, la guerrilla deberá devolver hasta el último centímetro de tierra que tenga en su poder y dichas propiedades se destinarán a la reparación material de las víctimas de esa estructura criminal.

Uno de los grandes diablos que traía el malhadado acuerdo de La Habana era el de las cuestionables zonas de reserva campesina que se podrían haber llegado a constituir en pequeñas repúblicas dentro de la República por cuenta de las prebendas que tendrían una vez fueran incorporadas.

Un inmenso número de colombianos que votaron por el NO, lo hicieron motivados fundamentalmente por el rechazo y temor que legítimamente producen aquellas zonas. Por eso, para evitar que haya campesinos discriminados y excluidos de los beneficios y las prebendas estatales, el NO ha dicho que la política para el sector agropecuario debe ser igualitaria para todos los campesinos de Colombia, sin distingo alguno.

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@IrreverentesCol