El 10 de mayo de 1957, la sociedad logró que el tirano Gustavo Rojas Pinilla saliera del poder, luego de 4 años de abusos, pero sobre todo de corrupción. Apoyado por su yerno, Samuel Moreno Díaz, el sátrapa criollo convirtió al erario en un asunto en el que él podía meter sus manos como le viniera en gana.

A través de la denominada secretaría nacional de asistencia social, SENDAS, el dictador y su hija María Eugenia, la nena, Rojas repartieron a diestra y siniestra lo que hoy se conoce como La Mermelada.

Rojas llegó al poder con una inmensa popularidad, pero con el paso de los días al frente del gobierno, la sociedad se fue desencantando por cuenta de la arbitrariedad del régimen, pero sobre todo por la corrupción que se enquistó en todos los órganos de poder.

El sentimiento de rechazo frente a la corrupción que se vivió durante el régimen de Rojas es muy similar al que se registró en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Uno y otro saquearon las arcas nacionales y uno y otro salieron perfectamente desprestigiados del poder.

A Rojas el Congreso le hizo un juicio por abuso de poder, luego de que se comprobara que se valió de su cargo para ordenarle a la aduana de Buenaventura que permitiera importar, sin aranceles, un grupo de 180 novillos que traía un socio suyo desde Centroamérica.

El funcionario aduanero, al darse cuenta que no podía aplicar la exención tributaria pues el ganado en cuestión sí debía ser gravado, ordenó el decomiso de las reses y su posterior remate, de acuerdo con las normas legales que estaban vigentes en aquella época.

El importador del ganado, un sujeto de apellido Barraza, nombró a dos defensores, uno de ellos el yerno del presidente, Samuel Moreno Díaz. Cuando se iba a proceder con el remate de los semovientes, desde su finca en el municipio de Melgar, Tolima, Rojas Pinilla llamó, como se lee en el expediente “para que el ganado depositado que iba a ser rematado fuera entregado, aunque no se hubieran cancelado los impuestos que legalmente resultaban de la importación”.

Para el Congreso de la República que se posesionó con posterioridad a la caída de Rojas Pinilla, esa acción de la que había un considerable número de evidencias, era suficiente para adelantar un juicio por el delito de abuso de autoridad.

Hecha la imputación, el proceso contra Rojas fue remitido a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y luego de un amplio debate, se resolvió acusar a Rojas Pinilla ante el Senado.

La acusación decía: “Por existir  justas causas para ello, formúlase acusación ante el Senado de la República contra el señor Gustavo Rojas Pinilla, por los hechos de que trata el informativo radicado bajo el número cinco, originario de la Comisión Nacional de Instrucción Criminal. Esta proposición se discutirá y decidirá en un solo debate”.

La acusación contra Rojas fue votada favorablemente por 107 representantes a la Cámara, mientras que 7 lo hicieron en contra.

En la investigación, se descubrió que el delito era mucho más grave y que Rojas Pinilla tenía una verdadera empresa criminal con su socio Carlos Barraza. Los 180 novillos incautados en Buenaventura fueron la punta del iceberg, pues se pudo constatar que el dictador y su compinche habían ingresado al país más de 2000 cabezas de ganado, evadiendo impuestos, con lo que le robaron al Estado la astronómica suma de $220 mil dólares de la época, una verdadera fortuna.

El caso de Rojas Pinilla llegó al Senado de la República, integrado en esa época por personas de altísimas calidades como Belisario Betancur, Álvaro Gómez, Carlos Lleras, Esmeralda Arboleda de Uribe, Eduardo Carbonell, Víctor Mosquera Chaux, Gustavo Serrano Gómez y Diego Tovar Concha, entre otros.

Aunque en lo probatorio, el juicio debía circunscribirse al escándalo de las reses importadas ilegalmente, lo cierto es que el proceso contra Rojas Pinilla sirvió para sanar las heridas que causó la brutal dictadura, razón por la que los senadores que participaron en juicio aprovecharon el debate político para contar los abusos y arbitrariedades cometidas por el régimen de Gurropín, que era la forma como se referían al dictador.

Al final, Rojas fue condenado, pero como todo en Colombia, al cabo de unos años la sentencia fue tumbada por el tribunal superior de Cundinamarca, con lo que los derechos políticos le fueron reestablecidos al tirano encarcelado.

Rojas, cuando salió del poder el 10 de mayo de 1957, se fugó del país. Viajó a España. Un año después, empezó su juicio en la Cámara de Representantes y fue obligado a volver al país. Él regresó y le puso la cara a su juez natural.

Valga recordar la historia del juicio contra Rojas, en momentos en los que se debate si Santos salió legal o ilegalmente de Colombia. En criterio de juristas expertos, el expresidente debía tener una autorización previa del Senado, la cual no se tramitó. Se limitó a informar que viajaría a Miami, lo cual, en ningún caso puede ser asumido como un permiso expreso para ausentarse del país.

Santos, en este momento, se enfrenta a una investigación por el caso Odebrecht luego de que el consejo nacional electoral compulsara copias para que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes lo investigara por haber recibido miles de millones de pesos de esa empresa brasilera para financiar sus campañas políticas.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 14 de 2018