Cerca de $600 millones de pesos recibió el carcelero del presidente Uribe, Cesar Augusto Reyes Medina a través de un polémico contrato de prestación de servicios que le otorgó a dedo y sin que mediara licitación pública o concurso, el gobierno de Juan Manuel Santos.

El contrato, suscrito entre la firma ‘Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda.’, cuyo representante legal es el hoy magistrado Reyes Medina y la presidencia de la República, tuvo una vigencia de 6 meses y un objeto gaseoso que permite inferir -verbo que tanto seduce al señor Reyes- que se trató de un contrato fantasma para desangrar a las arcas del Estado.

En efecto, en la cláusula primera de dicho contrato -firmado el 16 de julio de 2016- se lee que la empresa de Reyes debe realizar “una investigación de campo… para establecer la situación jurídica actual y precisa y el estado actual de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas relacionadas en los listados que entregue (…) el delegado de las Farc-EP en el marco de la mesa de conversaciones que se adelanta en la ciudad de La Habana”.

Por aquella labor, el gobierno favoreció a Reyes Medina con $575.674.360 pesos.

Llama poderosamente la atención la fecha de suscripción del contrato. Ocurrió días antes de que empezara la campaña del plebiscito con el que se buscaba que el pueblo colombiano acogiera o no los acuerdos entre Santos y la banda terrorista Farc. 

Cesar Augusto Reyes Medina, contratado por el gobierno para un asunto relacionado con el proceso de La Habana, luego se convirtió en magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema. 

Mientras él desarrollaba su contrato de prestación de servicios pagado por Santos, el presidente Uribe se consolidó como jefe de la oposición al acuerdo con las Farc y logró que el NO se impusiera en las urnas durante el plebiscito. 

Muy calladito ha estado el magistrado Reyes quien nunca contó que él fue uno de los muchos beneficiarios de la mermelada santista, precisamente por medio de un contrato relacionado con las conversaciones con el grupo liderado por ‘Timochenko’. 

Él, que con virulencia e implacabilidad recusó a la magistrada Cristina Lombana y la apartó de todos los procesos relacionados con el presidente Uribe, alegando que ella estaba inhabilitada por su condición de militar y en consecuencia en algún momento de su carrera fue subalterna del exmandatario, muy guardado mantuvo el cuestionado contrato con el que Santos lo enriqueció fabulosamente. 

Aún peor: ninguno de sus compañeros de la sala de instrucción fue enterado de la existencia de ese contrato que, por supuesto, genera muchas suspicacias. ¿Qué tan imparcial puede ser un magistrado que tiene la responsabilidad de investigar al más fuerte opositor del hombre que le llenó los bolsillos con dinero? ¿Acaso la fidelidad de Reyes hacia el acuerdo con la banda terrorista de las Farc, convicción que fue remunerada con centenares de millones de pesos con dinero del erario, no le generaba prejuicios y malquerencias hacia el doctor Uribe, quien se opuso firmemente a lo firmado en La Habana y democráticamente derrotó a Santos y los suyos en el plebiscito de 2016?

Lo cierto es que ese contrato que hasta ahora aparece, es una demoledora evidencia respecto del nivel de podredumbre moral de Cesar Augusto Reyes, el secuestrador del presidente Uribe.

Reyes, el calladito Reyes es una deshonra para la administración de justicia; es una vergüenza para la democracia colombiana. Él, embutido en su toga, no es otra cosa que un matón al servicio de ‘Don Iván’ y, por supuesto, de su generoso benefactor Juan Manuel Santos, quizás unas de las personas más interesadas en ver al presidente Uribe injustamente privado de la libertad. 

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 2 de 2020