La seguridad es, sin duda alguna, un valor democrático que no ha de tener ningún tinte político. Es la más primordial de las obligaciones que tienen los Estados con sus ciudadanos y es, al mismo tiempo, uno de los elementos que materializan el ejercicio de la soberanía institucional sobre el territorio, un aspecto más que esencial para la consolidación de la legitimidad gubernamental.

Esta realidad la quisó deliberadamente inobservar la pasada administración al catalogar irresponsablemente como enemigos de la paz a todos aquellos que levantavamos nuestra voz de protesta frente a las innumerables conseciones que se hacían con el terrorismo.

La desafortunada, pero previsible consecuencia, fue el considerable deterioro de la seguridad en el País. Las extorsiones, los hurtos, la minería ilegal, el aumento de los cultivos ilícitos o el control absoluto por parte del terrorismo de zonas estratégicas para el narcotráfico como el Catatumbo son los fenómenos que la ciudadanía ha tenido que vivir como resultado de una debil e insignificante política de seguridad que se limitó a pronunciar rinbombantes discursos ante los medios internacionales pero que olvidó por completo la crudeza de la violencia en las regiones en Colombia.

Por eso, la nueva política de seguridad que esta semana le presentó el Presidente Duque al País significa un verdadero renacer para una Nación que necesita que sus líderes actúen con determinación y contundencia contra la criminalidad y defiendan con ahínco la dingidad de una República que no puede seguirse viendo arrodillada a las ilegítimas pretensiones de los Grupos Armados Organizados.

En efecto, las cinco lineas de acción que planteó el Presidente permiten llevar a cabo una lucha integral y efectiva contra la delincuencia y el terrorismo, recuperar el control territorial sobre toda la geografía nacional, acabar con fenómenos ambientalmente desastrosos como la minería ilegal y, sobre todo, establecer condiciones claras, contundentes y firmes para llevar a cabo cualquier tipo de negociación con grupos terroristas, donde, por ejemplo, nunca más veremos la desastroza fórmula de negociar en medio del conflicto o conceder ceses bilaterales que no sirven para otra cosa distinta a permitir el fortalecimiento militar del enemigo.

Todo esto, en un contexto donde se vuelve a integrar un elemento más que esencial para garantizar la efectividad de este accionar: la cooperación ciudadana.

Este aspecto, falsamente tachado por la izquierda radical como fenómenos de autodefensa, entiende que la consolidación de una verdadera política de seguridad requiere de un trabajo conjunto y artículado entre el Estado y la ciudadanía, de tal manera que estos dos actores se integren como uno para acabar con los bandidos que irrumpen la tranquilidad del pueblo.

Si esto se logra, no habrá lugar en nuestro hermoso País que sea utilizado por la delincuencia como escondite. No tengo la menor duda que el empoderamiento de la población y su trabajo conjunto con las autoridades permitirán recuperar la tranquilidad de una Nación que no merece sufrir más episodios de violencia.

¡Adelante Presidente Duque!

@Tatacabello

Publicado: febrero 8 de 2019