Entendiblemente el Ministerio de Educación anunció las directrices para que los colegios retornen a clases presenciales desde el 1 de agosto. La educación virtual no es fácil y presenta profundas dificultades de acceso para aquellos estudiantes que se encuentran en departamentos como La Guajira o Arauca donde el porcentaje de hogares que tienen computador es inferior al 16.7%.

Además, para nadie es un secreto que las finanzas de los centros educativos no pasan por su mejor momento. No tanto por los 9.613 colegios públicos que se nutren de los aportes que realiza el Presupuesto General de la Nación y los presupuestos territoriales, sino especialmente por los 4.558 privados que pagan los platos rotos de la incapacidad de pago que ha generado la actual coyuntura.

Sin embargo, aunque esta medida es entendible y tarde que temprano tendremos que retornar como sociedad al mayor nivel de normalidad posible, en lo personal veo dos problemáticas que persisten con esta decisión.

La primera, es la llegada del pico de contagios del Covid-19. Como tal, desde que se decretó el aislamiento obligatorio a mediados de marzo la gran pregunta es cuándo ocurrirá tal evento. Inicialmente, se proyectó que acontecería en mayo. No obstante, actualmente el Ministerio de Salud sostiene que será entre la última semana de junio y la primera de julio.

Lo anterior, demuestra que la cuarentena ha logrado su objetivo de correr en el tiempo la curva epidemiológica. Empero, bajo está dinámica no es extraño que el referido pico de contagios se concentre en agosto, lo cual haría sumamente peligroso el retorno a clases presenciales en ese mes.

La segunda, son las sanciones que pueden llegar a ocurrir en caso que los estudiantes no asistan a clases. Me explico, entre los padres de familia hoy ronda un legítimo temor acerca de enviar a los niños al colegio.

Si somos realistas, lograr el distanciamiento y medidas de bioseguridad en las aulas es sumamente complicado. Por ejemplo, todos sabemos que cuando a un niño en un salón le da gripa, piojos o alguna otra coyuntura, casi todos los compañeros terminan en las mismas condiciones.

Y no porque los colegios sean lugares inseguros donde no existan medidas de bioseguridad, sino debido a que el contacto entre los niños y jóvenes es prácticamente inevitable. Nada más piensen lo que son las clases de educación física con 30 o 40 estudiantes por salón…

Por eso, de persistir la decisión mencionada el Ministerio debería dejar claridad acerca de si los planteles educativos tendrán la posibilidad o no de imponer sanciones a los educandos que no asistan por orden de los papás.

Lo último que faltaría en esta difícil coyuntura por la que atraviesa el País es que los estudiantes terminen perdiendo materias como consecuencia de la legítima decisión de los acudientes de proteger su integridad.

@Tatacabello

Publicado: junio 5 de 2020