Investigación de Leszli Kálli

Especial para LOS IRREVERENTES

Cuando nació en Santander la Secretaría de las TICS (tecnología de la información y la comunicación) tal vez, premeditadamente, Richard Aguilar previendo que iba a manejar millonarios recursos cuya inversión es intangible, no la ubicó en el mismo edificio de la gobernación sino que la envió a funcionar a un edificio aparte, ubicado a 30 cuadras de la gobernación. Esta secretaria funciona desde entonces como una lejana isla; su primer secretario fue Omar Lengerke Perez, actual rector de las UTS (Unidades Tecnológicas de Santander) quien llegó recomendado por Hugo Abel Aguilar Villa, hermano de Richard, con quien había compartido pensión estudiantil en Brasil junto a otro profesional cuyo nombre omito por respeto a la intimidad y que después fue gran contratista de la gobernación. Desde entonces, al igual que ahora, esa secretaria continúa funcionando en ese lugar y bajo la tutela de los lazos que unen a Omar Lenguerke, Richard Aguilar y Johana Chavez, ex representante a la Camara como cuota de Richard Aguilar en el Centro Democrático pero inhabilitada por ser directiva del Partido Opción Ciudadana del Tuerto Gil, de quien es cuota, el actual Secretario de TICS, Hernán Ramírez.

Esa secretaría es la gestora de un convenio de cooperación cuyo objeto es el desarrollo del programa departamental para la formación científica y tecnológica en la población infantil y juvenil de Santander, por un total de $5.163.366.819 de pesos en donde la Universidad UNAB, aporta $163.397.536 pesos pero en especie, poniendo su infraestructura física consistente en oficina, auditorio, sala de juntas y salones para capacitación. El resto: $4.999.969.283 son dineros producto de las regalías de petróleo que la nación le entrega al departamento de Santander.

Surge el interrogante de porqué la UNAB, cuyo objeto social no es el de arrendar infraestructura física, en este convenio no suministró talento humano e insumos pedagógicos. En el convenio están presupuestados, 991.266.750 pesos para el pago de honorarios de investigadores, coordinadores pedagógicos, asesorías pedagógicas y todo lo relacionado con la burocracia científica pero no como aporte de la universidad, sino como pago o aporte por cuenta de la gobernación, lo que desnaturaliza la finalidad de la modalidad de contratación, en razón a que estas características son propias, no de los convenios sino de las consultorías, y así debió contratarse por medio de licitación publica para dar oportunidad a otros oferentes, en este caso, a las otras universidades del mismo nivel o nivel superior, como la Universidad Industrial de Santander (Universidad Publica) que pudo haber participado si se hubiera respetado la ley de contratación estatal.

Por otro lado, es de destacar que el convenio contempla $551,218.200 pesos. Estos dineros están destinados para el pago de un director general del proyecto, un coordinador administrativo y financiero, un asistente administrativo y una secretaria cuyo pago o aporte esta a cargo de la gobernación con recursos de las regalías. Este último componente de nómina no tiene finalidad científica ni educativa, es decir que viola el propósito de la destinación de los recursos transferidos a la gobernación provenientes de las regalías.

No obstante las anteriores faltas, el convenio de ciencia y tecnología tiene en el numeral 11, un A.I. (administración e imprevistos) por $1.153.839.065 de pesos, similar a las cláusulas A.I.U, las cuales son utilizadas en contratos de infraestructura y obras publicas. Sobre todo en infraestructura, por si surgen imprevistos. ¿Qué imprevistos pueden devenir en un contrato de Ciencia y Tecnología que amerite una cláusula, adecuada para obras publicas y por ese valor? Algo así como los imprevistos por si se cae un puente, un derrumbe o catástrofe natural, etc. El hecho de que haya un régimen especial para ciencia y tecnología como lo hay para salud y empresas de servicios públicos, (que valga decir) es un régimen mucho más flexible, montos más altos para contratación directa, pólizas, supervisores, interventoría, etc., determina que una vez se suscriba el convenio, todas las cláusulas deban ejecutarse dentro de los tiempos establecidos y cumplir con la finalidad del objeto contractual.

Al leer detenidamente este convenio, se encuentran más posibles irregularidades:

El interventor nombrado para este propósito es el director de TICS. Hernán Ramírez, era el director de TICS para la época en la cual se suscribió el convenio y por tanto, designado supervisor. Este señor ocupó el cargo de supervisor hasta el 31 de diciembre de 2015. Cuando culminó la administración de Richard Aguilar. El primero de enero de 2016, al comenzar el gobierno de Didier Tavera Amado, fue nombrado Secretario de las TICS. Sin embargo, el señor Ramirez, continuó ejerciendo la supervisión del contrato sin tener en cuenta que había perdido la  competencia para ello y sin haber proferido un nuevo acto administrativo para autodesignarse supervisor.

Pese a que en una de las cláusulas del convenio se estipula que los desembolsos deben tener la firma de los dos supervisores, uno delegado por la secretaria gestora y otro por la secretaria de educación del departamento, sólo figura Hernán Ramírez cumpliendo esa función. Aquella circunstancia prueba que el actual Secretario de las TICS ha mantenido control absoluto de la ejecución del convenio, no permitiendo que otros funcionarios que tienen competencia y deber funcional, tengan acceso y conocimiento a la ejecución del mismo y más grave, a la disposición y entrega de los recursos.

En el convenio se pactaron cuatro desembolsos. El primero por $129.151.500 pesos que se efectuó el 16 de abril de 2014; el segundo desembolso, por $1.581.830.934 pesos efectuado el 28 de noviembre de 2014. Durante la vigencia de 2015, no hubo ningún desembolso y sólo hasta el 16 de noviembre de 2016 el Secretario de las TICS y supervisor del contrato, Hernán Ramírez, ordenó el pago de $1.781.058.233 pesos.

En criterio de un experto en contratación estatal, consultado para esta investigación, que se ha desempeñado en organismos de control, y por seguridad evita revelar su nombre, manifestó que: “en el informe de supervisión parcial del 18 de octubre de 2016 suscrito por el Supervisor Hernán Ramírez, se incluye entre ‘costos y gastos directos’ del programa entre los pagos de nómina, pago de servicios audiovisuales, al mismo centro de producción y artes de la misma UNAB. Honorarios de docentes, gastos de logística y papelería. Pero llama especial atención la factura a iPan por $267.000 por ¨refrigerios¨ que incluyen desde Milo, pan de yucas, jugos de fruta fresca, palitos de queso, entre otros. En el mismo archivo figuran gastos por $12.285.000 por refrigerios de marzo a julio de 2015 que no tienen ni facturas ni relación de las personas a las cuales se les otorgaron dichas ‘viandas’.  Según relación del mismo informe para el periodo de agosto de 2014 a julio de 2015, se cancelaron $154.800.000 a 258 ciudadanos por sus proyectos de innovación, es decir que mensualmente se desembolsaron aproximadamente $12 millones de pesos, para lo realmente misional del proyecto que es la ciencia tecnología e innovación, misma suma de los refrigerios y almuerzos de 4 meses.” Igualmente se hallan pagos de hoteles, pasajes aéreos, almuerzos en el restaurante de la UNAB y gastos de alimentación en diferentes municipios, que no se justifican dada la finalidad de este convenio. (Educar, no alimentar)

Llama la atención que el “informe de supervisión parcial”  del 18 de octubre de 2016 por medio del cual se soporta el pago del desembolso de $1.781.058.233, el supervisor, Hernán Ramírez, certificó que el proyecto tiene el 40% de las metas ejecutadas. Si se aplica el cronograma y el plazo estipulado, debería llevar el 74% de su ejecución. Sin embargo, de la totalidad del dinero que falta por desembolsar, quedan $1.477.928.616 pesos, debiendo observarse que en ese valor, están incluidos los 1.153.839.065 correspondientes al ya mencionado A.I, que según acta de ejecución del 21 de diciembre de 2015 (acta no. 10) la Contraloría General de la República les manifestó que no podía ejecutarse en ese convenio y cuyo dinero debe ser devuelto al tesoro público. A hoy, sólo queda en bancos $324.089.551 pesos por desembolsar.

¿Si el cronograma presentado revela que se ha cumplido el 40% del convenio, cómo entender que a estar alturas ya se hayan gastado el 93.5% del presupuesto?

Sin embargo, al leer los estudios y documentos previos que dieron impulso al proceso contractual, quedo estipulado una especie de “mico” el cual transmite la ausencia del principio de planeación, al plasmar en lo relacionado al presupuesto oficial: “los valores y rubros no corresponden a los estimados por concepto de infraestructura y los mismos pertenecen a una contrapartida adicional no contemplada dentro del presupuesto aprobado y que es necesaria e indispensable para la ejecución del proyecto”. Podríamos llegar a pensar, que esa disposición atipica o “mico” esta orientada desde el principio a adicionar el A.I. y copar la totalidad de los recursos disponibles.

Como es un convenio mal planificado desde su inicio, en el que se incluyó una partida de $1.153.839.065 pesos por A.I, cuyos gastos administrativos, cientificos, pedagogicos y educativos, todos presupuestados y pagados por la gobernación, no se entiende porqué no se ha eliminado del presupuesto la partida del A.I, o se ha terminado, dada la alerta sobre el A.I expresada por la Contraloría y la negativa del OCAD de redistribuir ese valor del A.I, entre los ítems del convenio.

El acta de inicio del 15 de mayo del 2014 incluye como fecha de terminación el 14 de agosto de 2017. Dentro de los 6 meses posteriores a la suscripción del convenio y antes del acta de inicio, se hicieron cuatro aclaratorias por objeto, entrega de aportes y disponibilidad presupuestal, denotando así una planeación a la ligera, delatando que interés era el de firmar rápidamente el convenio ¨especial¨.  Llama la atención que el convenio suscrito el 6 de noviembre de 2013 iniciara seis meses después. Tal celeridad queda aún más demostrada en la cláusula tercera del convenio que detalla los desembolsos de aportes a realizar a nombre de la UNAB y que presentan una diferencia exacta de $30.000.000 por debajo del valor del presupuesto, situación corregida mediante acta aclaratoria # 2 del 3 de diciembre de 2013.

El día 1 de mayo de 2015, curiosamente festivo en Colombia, el anterior secretario de las TICS de Santander Juan Camilo Velez Arango novio de Karina Aguilar, hermana del gobernador Richard Aguilar, para la época, se reunió con el rector de la UNAB, Alberto Montoya Puyana y suscribieron el otrosi No. 1 modificando la distribución presupuestal del convenio especial, dispersando el numeral 11. denominado A.I. que paso de $1.153.839.065 a $361.717.133, es decir, se repartieron sin ningún trabajo, el día del trabajo, más de $792 millones entre conceptos como talleres (incremento de $160 millones), equipo de acompañamiento institucional (aumento de $584 millones) y el equipo coordinador y gestión presentó una disminución de $59 millones. No existe en los soportes documentales un estudio técnico de las modificaciones realizadas arbitrariamente y no contó con la autorización del OCAD, es decir, la dispersión del A.I. no tiene nuevas metas ni actividades a realizarse, al igual que el flujo de caja del proyecto que se modifica en los desembolsos 3 y 4, tampoco tiene soportes técnicos como manda la normatividad vigente, es decir, los estudios tecnicos, administrativos, financieros y legales que deben ser anteriores a cualquier modificación en su clausulado.

Otro concepto que aumentaron considerablemente ese día festivo, fue el de costos y gastos directos del proyecto en $106 millones. Esta dispersión del A.I. indebida, se realizó desconociendo la normatividad del OCAD en lo referente a ajustes presupuestales, por lo tanto es evidente la connotación disciplinaria a la cual quedan expuestos tanto secretario como ordenador del gasto, así como el supervisor por la certificación entregada y por supuesto, el ejecutor contratista en su calidad de asociado del proyecto y obviamente conocedor de la normatividad existente en cuanto a regalías.

Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación están en mora de entrar a revisar con lupa el manejo que a las regalías en Santander se le dieron durante el mandato del exgobernador Richard Aguilar. Igualmente, se debe investigar el exagerado incremento de su patrimonio personal y el de sus más cercanos colaboradores.

@LeszliKalli

Publicado: enero 23 de 2017