10 millones de hectáreas pueden ser expropiadas o confiscadas con el argumento de que éstas no cumplen una función social.

Uno de los argumentos centrales con los que las Farc justificaron lo que ellas llaman “el alzamiento en armas”, está íntimamente relacionado con el agro colombiano, la tenencia de la tierra y su lucha contra la concentración de la misma.

El primer punto del acuerdo alcanzado entre el gobierno y las Farc gira entorno a lo que los negociadores denominaron “Reforma Rural Integral” que busca, como textualmente se lee en el documento de 297 páginas atender la “cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración”.

Al revisar la integridad de ese capítulo quedan claros dos asuntos: la propiedad privada rural estará en grave riesgo y la economía de mercado agrario será objeto de peligrosas intromisiones, haciendo de ésta una economía controlada y sometida a los caprichos del gobierno.

10 millones de hectáreas en riesgo

El gobierno y las Farc acordaron, además de promover las cuestionadas “Zonas de Reserva Campesina”, que en la práctica son repúblicas independientes donde no se respeta el imperio de la ley, redistribuir 10 millones de hectáreas de tierra en los próximos 10 años, así:

Info distribucion de tierras

Las 3 millones de hectáreas son tierras que han sido extinguidas. En ese punto no quedó especificado que las vastas extensiones que las Farc han despojado a lo largo de los años y que tienen a nombre de testaferros estén incluidas, con lo que de facto se han “saneado” esas propiedades.

Así mismo, se confiscarán tierras que se consideren inexplotadas, mediante la extensión del dominio de las mismas.

Otro factor para la expropiación, bastante subjetivo y peligroso, es el del incumplimiento de la “función social de las tierras”. Aquello pone en grave riesgo el dominio sobre los predios, pues en cualquier momento la autoridad encargada de llevar a cabo la reforma rural podrá alegar, de manera caprichosa, que el propietario no hace que su finca cumpla función social alguna y de inmediato ordene su expropiación.

Hacia el proteccionismo

Cuando está ampliamente demostrado que las medidas proteccionistas que se atraviesen al libre mercado pueden resultar nocivas en el mediano o largo plazo, el gobierno acordó retomar una agenda económica que parecía superada, pues está probada su inoperancia.

Santos y Farc pactaron la creación de una serie de subsidios y créditos blandos, muchos de ellos no reembolsables, para efectos de promover la economía campesina.

Se asignarán subsidios de capital semilla cuyos beneficiarios nunca tendrán que pagar. ¿De dónde saldrá el dinero para satisfacer semejante exigencia de la guerrilla? El Estado colombiano pasa por uno momento de contracción de su economía y no se entiende porqué los negociadores de Santos fueron tan irresponsables de pignorar billones de pesos que costarán dichos subsidios a unos campesinos y asociaciones campesinas indeterminadas ubicadas, seguramente, en las zonas de histórica influencia guerrillera.

Aun más grave es que por un lado se subsidiará la producción y por el otro, el Estado quedó en la obligación de garantizar el mercado a través, como se lee en el acuerdo de “la financiación de centros de acopio para la producción alimentaria, la economía campesina, familiar y comunitaria”. Igualmente se implementará un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales, medida que parece en los tristemente célebres “planes quinquenales” que impulsó Stalin durante los años más oscuros de la Unión Soviética.

AIS guerrillero

Es paradójico: la guerrilla hizo aprobar una modalidad de Agro Ingreso Seguro, plan del gobierno Uribe por el que hoy el exministro Andrés Felipe Arias se encuentra encadenado en una celda ad portas de su extradición desde los Estados Unidos.

La guerrilla, que tanto ha cuestionado la gestión de Arias, obligó a que pactara la creación de un “Plan Nacional de Riego y Drenaje” cuyo propósito es el de impulsar la producción agrícola campesina. Entonces, cuando el gobierno Uribe creó distritos de riego con los que se habilitaron más de un millón de hectáreas que otrora eran improductivas, era un delito. Ahora, que la guerrilla obliga a que se adelante un plan semejante, se trata de una medida innovadora para mantener la paz en Colombia.

Continúe leyendo:

  1. Diablos de la participación política de las Farc
  2. Diablos de la jurisdicción especial de paz
  3. Diablos de la entrega de armas y la reincorporación

@IrreverentesCol