El andamiaje institucional de una ciudad como Bogotá, indudablemente es la columna vertebral de las acciones gubernamentales y uno de los determinantes para que los políticos puedan o no, cumplir lo que prometieron en su campaña. De esta manera, para el caso concreto de nuestra capital, el proyecto de ley que actualmente se impulsa desde la Cámara de Representantes y que busca modificar cuatro puntos del Estatuto Orgánico o Decreto Ley 1421 de 1993, se convierte en una forma de redirecciones los objetivos de este cúmulo legal y de recordar a los gobernantes locales que su labor fundamental es servir a la comunidad y poner sus competencias en función del bien común.

Ahora bien, entre los puntos a reformar se encuentra la actualización de las funciones de los alcaldes locales y la orientación de las mismas hacia la participación ciudadana. Puesto que actualmente un alcalde local tiene 180 competencias a su cargo y esto dificulta su capacidad efectiva de ejecución. El propósito general de la iniciativa es oportuno, pero a esto podría sumarse la modificación sobre la forma de elección de estos funcionarios públicos, que en mi concepto, debería ser por voto popular con el objetivo de generar mayor cercanía con los bogotanos.

Asimismo, la aspiración de volver vinculante el control político de las Juntas Administradoras Locales a través del establecimiento de posibles sanciones disciplinarias, resulta vital. Debido a que lo anterior podría servir como un filtro de fiscalización frente al manejo de recursos públicos por parte de diferentes autoridades locales y a su vez, se convertiría en una estrategia para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en estas corporaciones.

Cabe resaltar que lo más importante de la discusión es comprender que la única manera de responder a las demandas ciudadanas es mediante la articulación efectiva de los canales de información local y las autoridades distritales. Esto es, armonizar las acciones de los gobiernos locales con los programas y capacidades del Distrito, con el apoyo de la ciudadanía y la participación activa de las unidades territoriales más pequeñas: los barrios y sus juntas de acción comunal o con las administraciones de la propiedad horizontal.

Para hablar de una ciudad de ciudades, Bogotá debe tener gobiernos locales fuertes que incentiven la participación ciudadana a tal punto que el nivel central tan solo se tenga que ocupar de la políticas públicas transversales en el territorio o estructurales en el funcionamiento de la ciudad, inclusive propondría la división de las localidades de Suba y Kennedy en 2 localidades diferentes para facilitar su micro gerencia. Todos los ciudadanos deberíamos tener la posibilidad de acceder a educación, salud, justicia, trabajo y entretenimiento entre otros servicios en la misma localidad, esto mejoraría sustancialmente la calidad de vida y reduciría la necesidad de movilizarse por toda la ciudad, dicha movilización representa un problema en materia de trancones y contaminación. Avancemos hacía una ciudad segura, futura y que se gobierne de manera eficiente.

@JuanPCamachoS

Publicado: mayo 3 de 2019