Quienes en nombre de la democracia reclaman respeto a las instituciones, olvidan que no hay nada más institucionalista que querer reformas continuas para perfeccionar el servicio que les prestan a los ciudadanos y exigir que no estén entregadas a intereses políticos o económicos. Los colombianos queremos Cortes compuestas con gente de letras, pero no de cambio.

Dentro del descontento general con el sistema no solo se encuentra la corrupción manifiesta en las altas cortes como lo evidenció el “cartel de la toga”. También existe un desconcierto por parte de la ciudadanía con la función, efectividad y representatividad del Congreso, su número extenso y alto costo, no se ve reflejado en legislaciones y control político a favor de los colombianos, por el contrario, da la sensación que muchos congresistas solo favorecen sus intereses personales.

A raíz de la pandemia, la escasez abunda y las inmensas ayudas del Gobierno Nacional deben ser garantizadas para salvar a los más vulnerables de forma gradual. La financiación de ese programa social debe ser aumentando la productividad con la recuperación para que haya más recaudo, pero no subiendo los impuestos, se debe apretar al evasor, recortar los gastos innecesarios del Estado y batallar de frente contra la corrupción, como lo ha hecho este gobierno.

Para lograr estos y otros cambios estructurales en nuestro país es necesario recurrir al mecanismo del referendo. Un Congreso secuestrado en su mayoría por la corrupción y con una oposición que no permite los avances que Colombia necesita nos lleva a recurrir a mecanismos populares, donde el pueblo colombiano, que es el constituyente primario, decida sobre los cambios que se requiere en un país donde confundimos libertad con anarquía, donde no solo no hay justicia sino que reina la injustica y en el cual el orden jamás ha sido una prioridad.

Los puntos que el Centro Democrático le sugiera a la ciudadanía están las siguientes:

  1. Se convoca a un Referendo Popular.
  2. Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia

Se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público.

Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado. Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales.

3. Comisión Especial Legislativa

Se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado, que:

a) implemente el referendo

b) proponga al Congreso las medidas; si estas no fueren adoptadas dentro de los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.

4. Tribunal de Aforados

Se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.

5. JEP. Derogatoria o reforma de fondo. Se espera que con esta reforma se les brinde más garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Así entonces las alternativas son:

a) Se derogaría la Jurisdicción Especial de Paz y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales.

b) Se reducirían los periodos de los actuales magistrados.

Garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas:

La reforma principal de esta propuesta es la de crear una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales.

Libertad condicional para miembros de la fuerza pública:

Los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. Se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.

6. Protección de líderes sociales

El homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.

7. Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad:

Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales.

8. Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar consumo

El Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente.

El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores.

9. Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social

Los gastos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante seis años.

10. Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario

Se reducirá el Congreso en un 30 por ciento. La remuneración de los congresistas se congelará durante los siguientes seis años.

11. Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional

El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla.

12. Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento

El Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.

13. Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia

El Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.

Particularmente los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13 plantean soluciones de fondo a los problemas de la mayoría de los colombianos, en especial en materia de educación, justicia, eficiencia de estado y cuidado del medio ambiente, el punto 11 debe ser revisado con rigor para delimitar su costo fiscal de manera responsable, los otros dos puntos lo dejo a gusto del lector. Este referendo requiere de un grupo de ciudadanos que le notifiquen a la Registraduría que quieren realizarlo, para empezar a recoger firmas y pedirle al Congreso que lo convoque. En un periodo máximo de 9 meses debemos recoger 1.83 millones de firmas, que pueden ser 3 veces más si quienes creemos en la libertad y la democracia nos ponemos a trabajar lo más pronto posible.

Una vez surtido ese proceso, el Congreso con mayoría simple en Cámara y Senado debe convocarlo y cada pregunta debe sacar un umbral de 9,1 millones de votos, la mitad más uno positivos.

¡El tiempo apremia! Estamos a 18 meses de las elecciones legislativas, si tenemos en cuenta que tendríamos las firmas listas de aquí a mayo (la revisión dura 45 días calendario) y que en la segunda legislatura del 2021 el Congreso convocara, se podría hacer las preguntas el día de dichas elecciones, lo cual representaría un gran ahorro económico para el Estado.

La recomendación de esta semana: El libro que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes es “Homo Deus” de Yuval Noah Harari, un profundo análisis histórico y filosófico de lo que nos espera como especie en el futuro no tan lejano.

@JuanPCamachoS

Publicado: noviembre 12 de 2020