Uno de los peores legados que dejó el Gobierno Santos fue la exagerada expansión burocrática que realizó para satisfacer compromisos políticos, lo cual implica mantener un alto nivel de gasto público que ni siquiera se destina para inversión, sino para un funcionamiento completamente innecesario y costoso.

Esta acción distó radicalmente del mandato de austeridad que implementó en el País el Presidente Uribe, quien en el 2002 realizó una de las reformas a la administración pública más eficientes y memorables de las últimas décadas.

Se fusionaron Ministerios, se eliminaron entidades, se privatizaron servicios y se le puso freno al derroche que significan las nóminas paralelas de contratistas. Esto, indudablemente, no solamente tuvo un impacto positivo para el manejo de aspectos como el endeudamiento o el déficit fiscal, sino también para que los escasos recursos que tenía disponible el Gobierno se destinaran a inversión social y no a camionetas blindadas o puestos de corbata.

Sin embargo, a pesar que estas medidas de austeridad permitieron que el País se encaminara en una senda de crecimiento económico sostenido, Santos en el 2011 prefirió abrir la puerta para crear un sinfín de entidades, agencias, unidades administrativas y ministerios que, a la hora de la verdad, no lograron otra cosa distinta que consolidar la mal llamada “Unidad Nacional” que en el Congreso pupitreó todos los proyectos del ejecutivo sin escuchar en lo más mínimo la opinión del pueblo colombiano.

Esta situación inevitablemente debe ser revertida y el Gobierno Duque no debe desfallecer hasta lograr un recorte burocrático significativo que alivie las cargas del Presupuesto Nacional y ponga en cintura a ciertos partidos políticos que posan de independientes simplemente para extorsionar al ejecutivo a cambio de puestos y contratos.

Ya se hizo un primer intento en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la falta de fortaleza que se percibe en el Capitolio frente a algunos miembros del gabinete hizo que esta propuesta fuera desechada de tajo.

A pesar de ello, el Presidente no puede desfallecer en este propósito. La economía colombiana no solamente necesita que el Gobierno cumpla las metas de la regla fiscal, sino, además, aliviar la asfixia tributaria que en buena medida existe para mantener las innumerables agencias y entidades estatales que poco o nada hacen en la realidad.

Además, se debe enviar desde el Gobierno un mensaje muy claro a la sociedad: el Estado no se puede convertir en una bolsa de burocracia innecesaria a costa de los recursos de los contribuyentes.

Ojalá que en esta nueva legislatura que comenzará el 20 de julio el Presidente presente el proyecto de ley que le otorga facultades para modificar la administración pública. La austeridad en el manejo del Estado no es un simple discurso electoral, sino una convicción que permite una mejor gestión de los recursos públicos.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 3 de 2019