No son pocos los colombianos, que ciega o ingenuamente votaron por el SÍ en el Plebiscito por la Paz, y que día a día advierten, como fueron engañados por la inefable perfidia de Juan Manuel Santos y sus corifeos, y por la villanía de la banda narcoterrorista de las Farc.

Si bien la paz es un bien inestimable anhelado por todos y que a nadie le pertenece, su búsqueda no debió haber servido de mercancía política ni de pasaporte a la impunidad. Su consecución merecía los mejores esfuerzos y sacrificios, pero sin llegar a quebrantar la dignidad nacional y el orden constitucional; y por no haber sido así, la pomposa paz con impunidad del Gobierno Santos terminó alentando la violencia y estimulando la fechoría. Prueba de ello, es ver que después de la firma de los mal llamados Acuerdos de la Habana, la violencia en Colombia se ha atomizado y acrecentado, y son muchas las regiones en las que hoy solo impera la violencia y la anarquía bajo el control de las Farc.

Así como no conozco a nadie que quiera la guerra, tampoco conozco a nadie que no quiera la paz; por eso considero falso y mal intencionado afirmar, que todo aquel que no estuvo dispuesto a aceptar el modelo de paz con impunidad que instauró Santos, era amigo de la guerra y enemigo de la paz. Quienes así lo manifiestan, maltratan e irrespetan a la inmensa mayoría de colombianos, que no estuvimos, no estamos ni jamás estaremos de acuerdo con premiar los delitos de lesa humanidad cometidos por la millonaria banda narcoterrorista de las Farc y con la creación de una Jurisdicción Especial para la Perversidad (JEP).

Es claro e inequívoco que las Narco-Farc no han cumplido el mal llamado Acuerdo Final y que lo decidido por la espuria y corrupta JEP frente al caso Santrich y otros criminales, demostró la consolidación de la más siniestra, cínica y desvergonzada impunidad.

A decir de la justicia norteamericana, de la Fiscalía General y de las Magistradas de la misma JEP que salvaron su voto, los cargos contra Santrich eran contundentes, y las pruebas copiosas, solventes e irrefutables; con todo y eso, la JEP, alegando falsamente el debido proceso y el derecho a la defensa, eximió al cabecilla de las Farc de ser extraditado, con lo que se consolidó la más descarada vulneración al orden constitucional y la mayor burla al Estado Social de Derecho.

No se debe olvidar que las Farc convirtieron vastas regiones de Colombia en vergeles de coca y en santuarios de delitos de lesa humanidad, y que, según el Acuerdo de la Habana, solo la JEP podía juzgar esas fechorías cometidas antes y no después de la firma del Acuerdo.

También es bueno recordar, que en el amorfo artículo 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, mediante el cual por la vía inconstitucional del “Fast Track” se acogió el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, se estableció lo siguiente:

EXTRADICIÓN.
Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.”

La lectura legal, leal y desprevenida del texto transcrito permite concluir, que a la llamada JEP se le dieron facultades para evaluar la conducta atribuida a los miembros de las Farc y para determinar la fecha precisa de la realización de la conducta delictiva, así como para decidir el procedimiento apropiado, lo que de suyo es abiertamente inconstitucional, como quiera que es absolutamente improcedente concederle a un tribunal facultades para establecer normas de procedimiento judicial, las cuales solo las puede fijar el legislador.

No habiendo duda sobre la ideología política imperante en este remedo de tribunal y la simpatía de la mayoría de sus miembros por Santos y las Farc, era predecible y previsible que se extralimitara en sus funciones, y que se exculpara al cabecilla del grupo criminal de la comisión del delito de narcotráfico, así este se hubiera perpetrado con posterioridad a la firma del Acuerdo.

Qué nadie se confunda; la única y verdadera responsable de semejante despropósito, y de la verguenza nacional que hoy vive Colombia, no es otra que la Corte Constitucional, que violentó la Carta para premiar y gratificar a un puñado de criminales de lesa humanidad, desconociendo y burlando el querer democrático de la mayoría de los colombianos. Prueba de ello, son las 10 curules que 10 reconocidos criminales ocupan en el Congreso sin haber sido elegidos por el voto popular, además del cúmulo de prebendas económicas que reciben y seguirán recibiendo sin haber pagado un solo día de cárcel por los execrables delitos que cometieron.

Como ciudadano, abogado, conjuez, árbitro, catedrático universitario y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia -Órgano Consultivo del Estado Colombiano-, rechazo, repudio y condeno, las espurias, ideológicas y abiertamente políticas providencias seudo-judiciales proferidas por la mal llamada JEP, en relación con los criminales atentados contra la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, así como en los casos de los narcoterroristas Jesús Santrich e Iván Márquez, por no mencionar otros bandoleros.

Lo resuelto por la JEP, quebranta la legalidad, burla de decencia nacional y entroniza la más despreciable impunidad. La nación debe considerar la abolición de la JEP y el Fiscal General debe oponerse al mantenimiento de semejante esperpento judicial.

Está demostrado, que la JEP es el más espurio, corrupto y desvergonzado remedo de tribunal de justicia del que se tenga noticia, todo, gracias a las canalladas del peor traidor que haya conocido la historia de Colombia: Juan Manuel Santos.

Lo que sucede hoy en Colombia, es el resultado de las sucias y solapadas maniobras de Santos, y de las prebendas y componendas que concedió para neutralizar y fletar conciencias de críticos, contradictores, medios de comunicación y magistrados de las altas cortes.

Si bien no he sido simpatizante de una Constituyente, debo admitir, que ante la corrupción de la JEP, de algunos de sus jerarcas y de las altas cortes, la promoción y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente empieza a tener plena justificación y legitimidad.

Los campos de Colombia son frondosos se interminables vergeles de cultivos ilícitos y santuarios de cocinas para producir narcóticos, así como territorios indómitos propicios para seguir cometiendo desafueros y delitos de lesa humanidad. Ante tanto descaro, atropello y barbarie, rechazo, repudio y condeno los Acuerdos de la Habana y la creación de la denominada JEP, nido y albergue de campeante corrupción y perversión.

Si en algo pudiera contribuir a corregir, tantas desinteligencias, despropósitos y desvaríos constitucionales y legales, estaría dispuesto a renunciar en protesta, a mi condición de Conjuez (Magistrado) de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Pero no lo haré, porque probablemente sería reemplazado por un retardatario y regresivo comunista afecto a la impunidad.

Colombia debe ponerse de pie en rechazo y repudio a la que debería llamarse, Jurisdicción Especial para la Perversidad (JEP).

Colofón: Sobrecoge, pero no sorprende, que los azucareros del Valle del Cauca hayan elegido de manera fallida a un forastero para hacer las veces de presidente de Asocaña. El señor Frank Joseph Pearl González, antes orgulloso y hoy vergonzante Santista, hace bien en seguir dedicándose a combatir la mala imagen de Santos y a defender su paz con impunidad, en cambio de intentar aprender de caña. Su fracasado nombramiento fue una afrenta para la región y una nueva evidencia de la incorregible miopía del sector azucarero frente a la capacidad y el talento de los vallecaucanos.

@RRJARABA

Publicado: mayo 30 de 2020

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor, Asesor y Litigante. Conjuez. Árbitro. Conciliador. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.