Mientras nos distraemos con el debate de los bonos de agua y la participación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla en las sociedades Konfigura y Navenby ; no se está mirando y fijando una política que contrarreste el efecto que está teniendo sobre nuestra economía el envío de pequeñas pero múltiples remesas desde nuestro país con destino final Venezuela.

Aparentemente la armonía que debe existir entre consumo, producción de bienes y servicios, empleo y salarios, se mantiene en las estadísticas del gobierno. Sin embargo la realidad es otra. El consumo ha disminuido y la producción y oferta de bienes y servicios esta al alza; mientras el desempleo ha aumentado y la mano de obra nacional está siendo desplazada por trabajadores venezolanos. Sino, hagamos un censo en hoteles, restaurantes y casas de familia y veremos que buena parte de sus trabajadores son de nacionalidad venezolana que dada su condición de indocumentados carecen de capacidad legal para reclamar derechos laborales reconocidos a los colombianos.

A las anteriores circunstancias de orden legal, sumémosle ahora el destino de los ingresos percibidos en Colombia por la población no regularizada venezolana. Casi que la totalidad de los dineros que cada uno de esos integrantes de población extranjera recibe como salario, de forma inmediata lo gira directamente a través de la banca comercial, cuando no a localidades fronterizas y a ciudades como Cúcuta en donde ya existe un mercado que actúa como correos humanos para sacar nuestra moneda y convertirla en divisa al otro lado de la línea imaginaria que nos separa. Pocas veces se queda en la compra de productos colombianos en la frontera que son llevados de contrabando a Venezuela. Los pequeños giros y remesas que llegan a Venezuela, están contribuyendo al incremento de la inflación acelerada que padece ese país y generando recesión en Colombia.

Si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fija una posición clara y expide un acto administrativo que impida ese menudeo de remesas que disfraza los indicadores inflacionarios, lo único que vamos a lograr es que en la discusión del salario mínimo para el próximo año, el gobierno nacional argumente un bajo nivel de inflación y por tanto no ofrezca más allá del IPC como punto de referencia para la negociación, sin reconocer la realidad del impacto que está generando a nuestra economía, la oferta barata de mano de obra venezolana.

Recordemos que Colombia tomó medidas coyunturales para la economía de frontera cuando las circunstancias económicas de Venezuela eran otras muy distintas a las actuales. Esas medidas aún aplicadas hoy, podrían estar generando un desequilibrio económico enorme a la economía nacional. Nada más miremos señor Ministro de Hacienda y Crédito Publico las políticas del impuesto al consumo. Cuanta elusión  puede estar causándose por ausencia de revisar la ecuación del impuesto al consumo en la nueva realidad de frontera.

@AlirioMoreno

Publicado: octubre 24 de 2018