Lejos de la polarización que produce la cercanía de las elecciones del plebiscito, vale la pena realizar unas observaciones que pueden resultar de interés general para invitar a los colombianos a entender e interpretar la realidad de los acuerdos. Cada quien en su nivel de desarrollo de su ciudadanía habrá tenido la oportunidad de leer, observar o comentar el contenido de las 297 páginas que en su totalidad, con escasísimas variaciones, serán incorporadas por el Congreso de la República a través del procedimiento de Fast-Trak a nuestro ordenamiento constitucional y legal, luego de la protocolización de la firma del acuerdo final por parte del Presidente Juan Manuel Santos en su condición de Jefe de Estado y de Timoleon Jiménez, desde ahora, nuevo Jefe del nuevo factor de Poder Público en Colombia.
En primer lugar, solo la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry y la del secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, le imprimen al acto celebrado en Cartagena, la seriedad y majestuosidad ante los ojos del mundo del comienzo y apertura real a un proceso de paz en Colombia. Lo demás, sólo sirve de reflejo para conocer la realidad de la democracia en la región. Lo afirmo, porque dentro de las delegaciones presentes en la firma del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC-EP, en su gran mayoría corresponden a países considerados en “estado de advertencia” por los riesgos latentes de convertirse de un momento a otro en Estado fallido debido a su nivel de inestabilidad, tomando en cuenta indicadores sociales, económicos, políticos y militares. Acompañan a Colombia en ese ranking, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, México, Perú, Cuba, Paraguay y Brasil.
En segundo lugar, suceda lo que sea el próximo domingo; el acuerdo suscrito genera unas obligaciones entre las partes, cuyo grado de cumplimiento dependerá eso sí, del nivel de legitimidad que la ciudadanía le otorgue, incluyendo en esa medición la superación del umbral aprobatorio. De todas maneras, el texto suscrito ira al Congreso de la República, institución que actuará como notario para aprobar o improbar un acuerdo con características de tratado internacional al que no se le podrán hacer variaciones, mas allá de las que el mismo acuerdo permite. Así mismo el séptimo ejemplar del texto original firmado por las partes, ira de manera inmediata con fines de depósito ante el Consejo Federal Suizo en Berna o “ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra”. Así quedo acordado.
Vendrá desde el próximo lunes, una etapa de implementación normativa, con unas prioridades definidas, sobre las cuales el gobierno tiene la obligación de llevar al poder legislativo de manera urgente la Ley de amnistía, el Acto Legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acto Legislativo sobre normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Ley sobre la “Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo e incorporación a la constitución de la prohibición, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuraso prácticas paramilitares”.
Y una reforma constitucional inmediata y fundamental que permitirá a los diez principales dirigentes de las FARC-EP incorporarse de forma inmediata al Congreso de la Republica: “Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político surgido del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal”. Se debe modificar la segunda frase del artículo 67 transitorio de la Constitución Política, que actualmente establece que “no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos” En lenguaje más claro: esta disposición constitucional debe retirarse de nuestro ordenamiento jurídico superior para permitir la participación política y la elegibilidad de los integrantes la cúpula de la organización guerrillera.
Finalmente, para aquellos colombianos que han venido considerando -dentro de la polarización absurda en que nos metieron-, que algún expresidente de la República tenga que comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz, debo dejar transcrito el literal contenido en la parte final de la página 134 del acuerdo: “La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificará las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarseel presente documento. En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes”. Este es un seguro jurídico para todos los expresidentes de la República y para el actual Presidente Juan Manuel Santos. Una cláusula de inmunidad.
Por eso he pensado que en materia del plebiscito del domingo y de la refrendación de los acuerdos, tengo que repetir una de las frases del vulgo popular de la provincia de Vélez en Santander: “Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando” Y dejar en claro, que algunos destacados congresistas de los partidos de la unidad nacional imprimieron de a diez camisetas y se tomaron una foto con publicidad alusiva al SÍ para mandarla a la Presidencia de la República como prueba de su “activa” participación en la campaña, y por el otro lado, los que habiendo empeñado la palabra con el expresidente Álvaro Uribe, solo estuvieron con él en su visita y en recinto cerrado dijeron NO al plebiscito y luego desaparecieron hasta del Facebook por el temor que produce la advertencia de ser despegados del refrigerio regional de mermelada.
@AlirioMoreno