Desde siempre se ha denunciado con evidencias en mano que hay un sector corrupto y politiquero de la sala penal de la corte suprema de justicia empleado a fondo en la persecución al presidente Uribe.

Magistrados cuestionables por sus actuaciones posiblemente manipuladas por terceros como periodistas y columnistas que chantajean y presionan abusiva e ilegalmente a la justicia como Jorge Luis Barceló, Fernando Castro y Luis Antonio Hernández –este último muy cercano al corrupto vendedor de sentencias y cabecilla del denominado cartel de la toga, Leonidas Bustos-, se han trazado el objetivo de encarcelar al dirigente político más importante de las últimas décadas de nuestra nación, Álvaro Uribe Vélez.

Valga recordar que fue el presidente Uribe quien denunció al senador comunista Iván Cepeda por manipular y comprar testigos para que declararan en su contra. Está perfectamente probado que a lo largo de los últimos años, Cepeda estuvo visitando cárceles con el propósito de manipular delincuentes para que éstos, a cambio de dinero y prebendas, mientan contra el exmandatario colombiano.

Los magistrados de la corte, en vez de investigar y eventualmente sancionar ejemplarizantemente a Cepeda, voltearon la torta y estructuraron un proceso canalla en contra de Uribe.

El encargado de poner en marcha el montaje fue el cuestionado Jorge Luis Barceló, un sujeto gris que utiliza a la justicia como herramienta para tramitar sus odios y resentimientos. Así lo niegue en el publirreportaje que en su momento le hizo el director de Noticias Caracol, está perfectamente comprobado que él, en un evento social en el que circularon cantidades significativas de alcohol, aseveró que su intención es la de encarcelar al presidente Álvaro Uribe Vélez.

Hace un par de semanas trascendió que la sala penal de la corte suprema interceptó, sin orden judicial, el teléfono de Uribe. Cuando se descubrió ese acto ilícito, Barceló salió al paso a decir que aquella chuzada se llevó a cabo por error, pues supuestamente se había ordenado la interceptación de Nilton Córdoba, un parlamentario que está siendo investigado por el escándalo del cartel de la toga –ese mismo al que pertenecen magistrados que siguen activos en la corte suprema de justicia-.

Al decir popular, entre cielo y Tierra no hay nada oculto. Ha surgido una prueba que confirma que el beodo Jorge Luis Barceló prevaricó, pues con anterioridad a que se ordenara la interceptación llevada a cabo “por error”, la corte suprema, concretamente la oficina del infame Barceló, tenía en su poder dos documentos: uno del CTI de la fiscalía general de la nación y otro del operador celular Telefónica, en los que se certifica que el número telefónico en cuestión pertenece al presidente Uribe.

Así las cosas, queda claro que Barceló chuzó a Uribe ilegalmente, sin notificarle a la defensa del expresidente, para efectos de prefabricar pruebas para justificar su decisión de encarcelarlo.

Este no es un episodio anecdótico, ni mucho menos. Resulta extremadamente grave que un sujeto peligroso y abiertamente violador de la ley –el prevaricato es un delito-, tenga el poder de administrar justicia “en el nombre de la República” y, además, sea el presidente de una de las tres ramas del poder.

Barceló debe, cuanto antes, ser investigado por la Cámara de Representantes. El Congreso de la República tiene que proceder con celeridad contra ese peligroso sujeto y declarar su indignidad para efectos de que sea separado de la condición de magistrado.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 8 de 2018