La teoría indica que los derechos humanos son universales. No distinguen de raza, género, edad o posición socioeconómica. Tampoco de profesión u oficio.

Es indignante que las oficinas de las Naciones Unidas con presencia en Colombia se vuelquen contra el Estado colombiano, haciendo en no pocos casos, sindicaciones carentes de pruebas y, al mismo tiempo, guarden silencio respecto de los centenares de abusos que los terroristas han cometido en contra de miembros de la Fuerza Pública.

Las autoridades judiciales han procedido con celeridad frente a los miembros de la policía que han abusado contra los manifestantes. Cero tolerancia respecto de quienes enlodan el buen nombre de esa institución. Al respecto, no hay que ahorrar esfuerzos para condenar y repudiar ese tipo de abusos.

Pero son casos aislados. La inmensa mayoría de integrantes de la Policía son hombres y mujeres abnegados, que cumplen su deber a pesar de las grandes amenazas que se ciernen sobre sus cabezas.

Se ha llegado a extremos francamente inaceptables, como el brutal atentado contra el CAI del barrio La Aurora -sur de Bogotá- donde los violentos intentaron quemar vivos a los policías que se encontraban dentro de ese lugar.

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Hasta ahora, se han documentado cerca de mil casos de policías agredidos por los vándalos que hicieron de la supuesta “protesta pacífica” un escenario de terrorismo absoluto.

El deber constitucional y legal de la policía es el de proteger a la ciudadanía. No puede ser que por cuenta de unos “indignaditos” revoltosos, el país tenga que cruzar sus brazos y permitir que los violentos hagan de las suyas.

Este no es un movimiento de masas ni una reacción del pueblo, como mentirosamente han querido decir Petro y sus lugartenientes. Son unos pocos bandidos que se han valido del escenario de la “protesta pacífica” para aterrorizar a la ciudadanía inerme que tiene que soportar las amenazas, los saqueos, las pedreas, las destrucciones y las acciones de terrorismo. Hay gente armada, disparando indiscriminadamente contra la policía.

De nuevo: los organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en Colombia, tienen el deber de velar por todos. Al decir popular, llorar por los dos ojos. Que denuncien con contundencia los posibles abusos de la Fuerza Pública, pero que también repudien a los determinadores y autores materiales de los atentados terroristas y las violaciones de los derechos de quienes están en las calles protegiendo a los colombianos.

Lo irónico es que los vándalos, que dicen estar peleando en contra del gobierno y de los ricos de Colombia, parece que no entienden que los policías son personas humildes, que viven de su sueldo, que no son grandes propietarios y que su único “pecado” es creer en la democracia y en el Estado al que defienden.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 9 de 2021