Siempre he considerado que es supremamente injusta la facilidad con que la ciudadanía tiene la posibilidad de insultar y agredir deliberadamente a los miembros de la Fuerza Pública sin que nada ocurra. Cuando es al contrario y acontece un abuso de autoridad, con justa razón los uniformados son procesados y el escarnio público es considerable. Sin embargo, el desequilibrio que se ve en este tipo de circunstancias es evidente y ciertamente es hora de detener esta práctica inaceptable.  

Casos ha habido muchos y van desde insultos falsamente cobijados por una libertad de expresión sin límites hasta ataques con objetos contundentes. Los soldados y policías deben resistir todo tipo de agresiones sin que en muchas ocasiones haya un respaldo efectivo por parte de sus superiores.

No obstante, más preocupante aún es que dichos agravios provengan de los familiares de los altos mandos, quienes creen que el rango de sus esposos, padres o hermanos les abre una gabela de posibilidades para humillar a los suboficiales del Ejército o los miembros del Nivel ejecutivo en la Policía, tal como sucedió con la mujer que en estado de embriaguez atacó esta semana a varios uniformados en Bogotá.

Claro que la Fuerza Pública tiene un régimen de formación estricto que prepara a los uniformados para la dureza del campo de batalla, pero una cosa es la disciplina y el orden y otra muy distinta pasar por encima del personal jerárquicamente inferior.

De hecho, así como no se puede normalizar el maltrato entre miembros de la institución, mucho menos se debe tener tolerancia con las conductas indeseables que provienen de las familias de los uniformados. Las sanciones deben ser ejemplares, de tal forma que se envíe un contundente mensaje a la sociedad.

Ahora bien, seamos claros en algo. Esta situación puntual se conoció gracias a un video que se hizo viral. Sin embargo, ¿cuántos escenarios similares no se repetirán una y otra vez en las demás regiones del País?

Y me hago esta pregunta porque para nadie es un secreto que en muchas ocasiones los uniformados que son asignados, por ejemplo, para brindarle seguridad al círculo familiar de los altos mandos, terminan convertidos en los mensajeros y toderos de estas personas, teniendo que cumplir todo tipo de funciones que no son propias de su labor misional y a las cuales no se pueden negar por obvias razones.

¿Quién controla este tipo de situaciones? ¿Qué posibilidades tienen los suboficiales para que sus quejas sean atendidas? ¿Cómo hacer para que los controles internos de la Fuerza Pública sean realmente efectivos?

Claramente este es un aspecto en el que se debe trabajar. El abnegado servicio que realizan los uniformados noche y día para proteger al País no puede verse manchado por insultos ni agresiones por parte de la ciudadanía y mucho menos de los familiares de los miembros de la institución. Las sanciones deben ser ejemplares y el acompañamiento al interior de las entidades debe brindar garantías reales para todos los uniformados.

@Tatacabello

Publicado: abril 4 de 2021