Análisis de Camilo Rubiano

El Congreso de la República le dio vía libre al plebiscito y con esto se oficializó el inicio de la campaña donde los colombianos se van a pronunciar sobre los acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc.

Estos acuerdos, además de garantizar varias concesiones para las Farc, vienen cargados de altos costos que el gobierno tiene que presupuestar y apropiar para financiarlos. La situación fiscal del país no es la mejor. Se han conocido los informes del DANE sobre desempleo y resultado del PIB para el segundo trimestre del 2016; los dos resultados fueron negativos. El primero muestra que el desempleo volvió a los dos dígitos y en el segundo, el PIB cae dos puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año 2014 ubicándose en el 2%, siendo este el crecimiento más bajo en los últimos 7 años, que sumado a la situación deficitaria del Estado, hace pensar que los recursos que se necesitan para financiar los altos costos que generan los acuerdos, el gobierno no los tiene asegurados.

Uno de esos costos, lo genera la creación de una jurisdicción especial como lo contemplan los acuerdos. Este nuevo tribunal que sustituirá a la justicia colombiana de manera indefinida, se encargará de procesos penales, fiscales, disciplinarios y administrativos, de la misma manera crea la posibilidad de que los autores de crímenes de lesa humanidad con el simple hecho de confesar la autoría del delito, sin importar su gravedad, no tengan que pagar ni un día de cárcel como lo señala el Artículo 60 del acuerdo de justicia acordado en La Habana. Poner a operar este tribunal según el Consejo Superior de la Judicatura tendría un costo de 2 billones de pesos. Todavía no sabemos cómo el gobierno lo va a financiar.

La elegibilidad política es otro de los temas que introducen estos acuerdos, ya que el Artículo 36 del capítulo sobre justicia permite que los autores del reclutamiento de niñas y niños puedan participar en política sin ningún problema. Así mismo, el punto 3.2.1.2 de los acuerdos, le garantiza a las Farc un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. Para esto el Estado tendrá que entregarle al partido de esta guerrilla el 20% del presupuesto que se apropia cada año para el funcionamiento de los partidos políticos. Un costo adicional del que no se tiene certeza de dónde va a salir.

Y es que el tema de la incertidumbre sobre cómo se van a financiar los altos costos que traen estos acuerdos en medio de una situación económica compleja para el país, donde día a día crece la deuda externa que ya pasó de los 116000 millones de dólares, como lo señaló el Banco de la Republica. Este anuncio estimuló el pronunciamiento de dos ex ministros muy cercanos a este gobierno, donde plantean “que el país va a necesitar medidas más heterodoxas en el manejo de su presupuesto para que la situación fiscal no sea el obstáculo de este proceso”. En otras palabras, lo que quiere decir esto, es que no hay plata para financiar los costos que se derivan de los acuerdos y que la única fórmula que proponen, es la de romper la regla fiscal y que el país se endeude más. Lo que demuestra la irresponsabilidad con la que el gobierno Santos ha manejado estos acuerdos.

Ante una mala propuesta como esta, donde se está comprometiendo la solvencia del Estado, la confianza de los  inversionistas y el futuro de los colombianos, la única opción que queda es decir NO.

@camilorubianobe