En el escándalo desatado por el atraco a las arcas públicas por parte de la unión temporal Centros Poblados, empresa criminal que lideró el nuevamente capturado Emilio Tapia, hay un capítulo por conocer: el de los políticos involucrados en ese entramado de corrupción.

Desde que el caso saltó a la luz pública, se han mencionado en voz baja los nombres de exfuncionarios y parlamentarios involucrados en la trama de corrupción.

En las últimas horas trascendió que algunos de los hasta ahora capturados están pidiendo pista en la fiscalía con el fin de contar la verdad de lo ocurrido. Emilio Tapia es uno de ellos y su colaboración eficaz con la justicia se concentra en la delación de los políticos que fueron sobornados para que abogaran o intrigaran a favor del polémico consorcio cuyos socios falsificaron documentos con base en los cuales pudieron perfeccionar el robo de $70 mil millones de pesos.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre y ya es hora de que el país conozca los nombres de los congresistas corruptos que participaron en ese ilícito. Igualmente, deberá ponerse en blanco y negro qué fue lo que realmente hizo el exviceministro de TICs Iván Mantilla, protegido del partido liberal y ahijado político del senador de esa colectividad Mauricio Gómez Amín, cuyo nombre suena y resuena en los pasillos de la fiscalía general de la nación.

Gómez Amín ha pasado de agache respecto de muchos casos de corrupción. En su momento fue vinculado con el clan de los hermanos Housni Jaller, saqueadores de la isla de San Andrés.

Uno de ellos, el exgobernador Ronald está en la cárcel por el desfalco de más de $30 mil millones de pesos de la salud y la educación en el archipiélago.

Pero hay más. Se ha podido confirmar que Tapia y los otros cabecillas de ese entramado de corrupción acudieron a distintos parlamentarios con el fin de que ejercieran presión sobre el gobierno cuando la ministra Abudinen tomó la valiente decisión de decretar la caducidad.

Miles de millones de pesos fueron movidos para evitar que esa decisión fuera finiquitada, dinero que obviamente quedó en manos de los congresistas. Así mismo, el FBI, en su acuerdo de cooperación con las autoridades judiciales colombianas, está rastreando el destino final de los $70 mil millones y determinando qué personas utilizaron el sistema financiero de los Estados Unidos para mover esos dineros, pues eso constituiría un delito federal en aquel país.

Esta historia hasta ahora comienza. En los próximos días habrá nuevas capturas y nuevas imputaciones. Ahora, la fiscalía se apresta a imputar delitos de máxima gravedad como el concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conductas que podrían significar hasta 30 años de prisión a los involucrados.

Así mismo, se harán las respectivas compulsas de copias contra los congresistas que hacen parte de la red de corrupción para efectos de que la corte suprema inicie las respectivas investigaciones.

Colombia quedará sorprendida. Los parlamentarios que estaban en la nómina de Centros Poblados fueron los que se encargaron de urdir el complot contra la ministra Abudinen para efectos de que prosperara la moción de censura en su contra a manera de ajuste de cuentas contra ella, por no haber desfallecido en el propósito de caducar el contrato.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 23 de 2021