La justicia colombiana se partió en dos la víspera luego de que el incompetente presidente Juan Manuel Santos posesionó a un grupo de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP.

Nadie tiene claro a dónde vamos a llegar con ese barco. Es decir, el irresponsable mandatario firmó un cheque en blanco sin tener idea en manos de quién va a caer. Como es de público conocimiento, la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz pactado en La Habana entre el gobierno nacional y la banda narcotraficante y terrorista de las Farc.

Así un grupito minúsculo de admiradores de Santos y de las guerrillas –y desde luego de contratitas y enmermelados– diga que somos alarmistas, exagerados, pesimistas y hasta obtusos, lo cierto es que a 50 millones de colombianos nos montaron con la JEP en un lío mayúsculo de pronóstico reservado.

Para sorpresa de todo el mundo, la JEP terminó por encima de las altas cortes del país. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, quedó sirviendo para investigar a los carteristas de la Jiménez y las picardías de Roberto Prieto y de las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody en el caso Odebrecht. Nada más. Y eso le molesta al país objetivo porque el doctor Néstor Humberto Martínez, en los 17 meses que lleva al frente del cargo, ha dado muestras de que no le jala a la impunidad.

Ahora el poderío del sistema judicial colombiano lo tiene la JEP. Sus funcionarios se pueden meter en cuanta investigación les dé la gana. No está claro si tendrán que respetar el elemental principio de la cosa juzgada. Tan es así que voceros de las Farc dijeron en su momento que la absolución de la Corte Suprema de Justicia al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega –por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia– puede ser revisada por la JEP. Es decir, este engendro del demonio será, cuando le convenga, una especie de instancia de cierre de las investigaciones judiciales del país. ¡Qué miedo! ¡Qué pavor!

Pero no nos llamemos a engaños y seamos francos: a los colombianos nos faltó valor para pararles el macho a Santos y a sus amigos terroristas en su propósito de acabar con Colombia y convertirla en una nueva Venezuela.

Pregunto: ¿en qué momento nos impusieron a las malas unas negociaciones con las que la mayoría del Pueblo no está ni estuvo de acuerdo? La respuesta es vergonzosa. Resulta que a veces los colombianos somos como pobres de espíritu y sobre todo de carácter. En otros países los resultados de unos comicios, cuando hay fraude, se reclaman en las calles.

En cambio, aquí, el 2 de octubre de 2016, casi 6,5 millones de personas acudimos a las urnas y derrotamos las espurias negociaciones entre Santos y el terrorismo. Pero, como por arte de magia, el avivato de Casa de Nariño casi que desconoció los resultados y a la brava nos impuso todas las exigencias que las Farc le hicieron a su gobierno para firmar la paz.

Si los ganadores de aquel plebiscito nos hubiéramos parado en la raya, y exigido ponerle punto final a la alcahuetería en la capital cubana entre la administración de Santos y las Farc, no estuviéramos hoy sometidos a una justicia –léase la JEP– a todas luces peligrosa y politizada. Pero no. Nos quedamos callados como muchachitos chiquitos y nos dejamos robar.

Por fortuna, me cuentan que el fiscal general de la JEP es un hombre serio y garantista. Muy al contrario de lo que pretenden las Farc con ese “tribunal”: joder a todos aquellos que les fue imposible vencer en combate –léase militares y policías–, arremeter contra los gobernantes que les derrotaron y les dieron de baja a algunos de sus más importantes cabecillas –léase Álvaro Uribe Vélez–, poner en aprietos a empresarios que fueron víctimas de sus chantajes y extorsiones y, hágame el favor, empapelar a todo aquel que esté en contra del proceso de paz o que haya hablado mal de las guerrillas o de sus integrantes.

Qué bueno sería que el fiscal de la JEP nos tape la boca a todos y dé muestras de independencia. Nadie quiere ver en él a un enterrador de las atrocidades de las Farc. El país quiere por ejemplo que los reclutadores de menores de edad para la guerra y los abusadores de niñitas de 10 y 11 años paguen por esos delitos. Esos son crímenes que nadie perdona y a eso las Farc le temen.

Ni para lo bueno para sujetos como Pastor Alape y alias “el Paisa” que sus porquerías –según han denunciado varias ex guerrilleras– queden en la impunidad. Ojo: una cosa es el perdón en los tribunales y otra muy distinta el que ofrece una sociedad. Desde luego la sociedad está por encima de todo.

@CancinoAbog

Publicado: enero 16 de 2018