Cuando se hace un negocio con alguien o entre empresas, ya sean públicas o privadas, debe haber una gana-gana para las partes. Donde los negociadores quedan satisfechos porque se logró un equilibrio que es bueno y sano para todos.

Cuando se acuerda algo se hace una gestión que pretende normalizar una situación, generalmente adversa. Entonces la decisión tomada en común acuerdo por las partes, es la manifestación de una convergencia de consenso con la finalidad de producir efectos jurídicos, que producen obligaciones a cumplir que son de mutuo beneficio.

Pero en el desequilibrado Acuerdo de La Habana, que es quizás el peor negocio de Colombia en su historia patria (a pesar que las Farc dejen de matar), mas malo quizás que haber perdido las fronteras con los países vecinos, se desaprovechó una gran oportunidad para lograr a favor de todos los colombianos un buen negocio, porque las Farc dejaban de delinquir. 

Y se les otorgaba un espacio político en la democracia y se sometían a la institucionalidad de la constitución colombiana. Pero a cambio entregaban inmediatamente todas las armas, devolvían a los secuestrados, pasaban un periodo en detención, reparaban a las víctimas con los recursos billonarios que poseen o se los entregaban al Estado y devolvían a los niños-soldados cautivos en sus filas. 

Ninguna de las cosas mencionadas sucedió, y para no cumplirlas se esconden en una cantidad de subterfugios, lo cual demuestra que no hay genuina intención de paz y que no es otro el propósito, sino tomarse de una vez el Estado en la modalidad de todas las formas de lucha.

En el Acuerdo no se tuvo en cuenta lo anteriormente dicho, antes por el contario se perdió la integridad de la institucionalidad, porque aparece peligrosamente un nuevo aparato de justicia, por fuera de la unidad de los tres poderes constitucionales, la famosa Justicia Especial para la Paz (JEP). 

Y, que según otros componentes del Acuerdo, el Estado puede llegar a ser perfectamente susceptible a cambiar el modelo de desarrollo, dando un salto al vacío que nos podría llevar al marxismo-leninismo y a la estatización de la propiedad privada.

El pueblo se siente engañado, de allí los datos en las encuestas que señalan la gran animadversión que tiene el Acuerdo y la  gran antipatía que generan los miembros de las Farc. Y se pregunta uno, todo este embrollo para complacer a 7.000 soldados, cuyo real privilegio solo se descarga y beneficia a 15 personas; el Comando Central. 

Pero sobre todo porque el Acuerdo no pacificó a la nación, porque por instrucciones de este, los cultivos de coca no pueden ser atacados, convirtiéndose en el combustible de la violencia. 

Añadiéndole a esto, el fuerte componente de impunidad que se convierte en un mal ejemplo, que empieza a empoderar incipientes grupos de izquierda que ya se atreven a coger las armas.

Pero duele mucho el engaño porque la gran masa de insurgentes en deserción,  indican que no había la tal unidad de mando como ellos decían tenerla. Por eso en el próximo periodo presidencial, y próxima legislatura, el Acuerdo de La Habana debe ser totalmente revisado.

@rodrigueztorice

Publicado: julio 16 de 2020