Petro y el petrismo proceden como una banda extremista, intolerante, abusiva y perseguidora. Los medios de comunicación que valientemente han señalado al líder socialcomunista, están en la mira de la horda resentida que hace parte de la denominada ‘Colombia Humana’.

Basta con revisar las redes sociales, lugar virtual que está convertido en un campo de batalla en el que los agresivos seguidores de Petro lanzan toda suerte de insultos, vilipendios y calumnias contra aquellos que confrontan y ponen en evidencia a su jefe.

Petro es un enemigo de los valores democráticos. Su talante es preocupantemente similar al de los dictadores venezolanos -venerados por él-, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, liquidadores de las libertades de su pueblo.

Las amenazas de Petro contra la libertad de empresa y la propiedad privada son angustiantes. Pero en la mira, también están los medios de comunicación que él y sus conmilitones califican como “hostiles”.

Uno de los primeros objetivos de la dictadura chavista fueron los medios de comunicación. Periodistas fueron perseguidos judicial y administrativamente. Hubo un episodio extremo cuando recién comenzaba la satrapía: se prohibió la importación de papel periódico. La consecuencia fue inmediata. Las rotativas se vieron forzadas a parar. En aquella época, el mundo digital no se había expandido y el grueso de la difusión aún se realizaba a través de las versiones físicas.

Desde siempre, el periódico El Nacional -uno de los de mayor circulación en Venezuela- ha estado en la mira del régimen. Los acosos han sido sistemáticos y, al parecer, los apandillados del régimen esta vez sí se podrán salir con la suya, procurando la desaparición de ese importante e independiente medio.

Un juez -chavista hasta los tuétanos- emitió un fallo en el que obliga a El Nacional a pagarle la astronómica suma de $13.4 millones de dólares al cabecilla de la dictadura, el narcotraficante Diosdado Cabello. Supuestamente, ese diario calumnió e injurió a Cabello, lesionando “su buen nombre y dignidad” (¡!).

Lo cierto es que el periódico no tiene ese dinero. En palabras de su director Miguel Henrique Otero, la decisión del tribunal supremo venezolano es una expropiación camuflada: “…ellos [Cabello y sus compinches] van a embargar; toman el edificio, las máquinas, todo lo que está ahí y se lo entregan en compensación a Diosdado Cabello… Esto es una expropiación encubierta…”.

Para nadie es un secreto que agentes de la extrema izquierda están incrustados en la rama judicial colombiana. Basta con revisar el montaje contra el presidente Uribe, materializado por magistrados corruptos y neocomunistas de la corte suprema, para dimensionar el tamaño de la penetración del socialismo criollo a la justicia.

Un eventual gobierno de Petro, traerá consigo la toma por asalto de la justicia. Para darle visos de “legalidad” a las arbitrariedades, acudirán a los jueces para que sean ellos los que emitan las decisiones de encarcelar opositores y, como está sucediendo con El Nacional en Venezuela, decretar multimillonarios fallos contra periodistas y medios de comunicación.

De hecho, ya está sucediendo. Hace pocos días, la sala laboral de la corte suprema hundió una tutela presentada por nadie menos que la directora de la revista Semana, Vicky Dávila con lo que la periodista quedó expuesta a pagar una millonaria indemnización a un oficial corrupto de la policía colombiana. No deja de ser alarmante que esa decisión vio la luz en el mismo momento en que Semana está poniendo en evidencia el sesgo politiquero y la corrupción de muchos magistrados de la corte.

En pocas palabras, que los grandes medios nacionales preparen sus billeteras. Un régimen petrista significará persecución, censura, acoso y quiebra. La mordaza y las sanciones pecuniarias serán el pan de cada día, tal y como sucede en la martirizada Venezuela.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 21 de 2021