Gravísimas las acusaciones que ha hecho la reputada columnista de la revista Semana, Salud Hernández en contra del polémico exfiscal y ahora magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, conocido de autos por su proclividad hacia los montajes, los falsos testigos y, por supuesto, las persecuciones judiciales. 

El paso de Ramelli por la fiscalía general, dejó una estela de injusticias, de falsos positivos judiciales y, por supuesto, una cantidad importante de señalamientos de corrupción.

Su reencauche vino con ocasión de la selección de los magistrados de la JEP.

Según la periodista Hernández-Mora, Ramelli falsificó una víctima, al decir que en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, fue inhumado el cuerpo de un campesino asesinado por el Ejército, crimen que según el flamante magistrado de la JEP, nunca fue ni investigado ni sancionado.

Alegando que en el caso en cuestión hubo una supuesta impunidad, la semana pasada, Ramelli puso en marcha un espectáculo nauseabundo en el propio cementerio de Dabeiba donde, según se lee en la columna de Salud Hernández, se hizo “entrega, en acto solemne, de los restos de un campesino que llevaba 18 años ‘desaparecido’. Para otorgar relevancia al evento, al que dieron gran difusión mediática, la JEP invitó al embajador francés. Ahora sabrá el diplomático que todo fue una patraña”.

Y en efecto, Ramelli y los suyos, hicieron una obra de teatro realizada sobre el cuerpo de Edison Alexander Lezcano quien, como dice Salud Hernández, jamás estuvo desaparecido.

No se sabe realmente cuál fue la causa de su muerte. Algunos aseguran que era terrorista de las Farc y otros señalaron ante la justicia que su muerte fue un caso de ‘falso positivo’. Lo cierto es que la nación reconoció el error y pagó una gruesa suma de dinero a manera de indemnización.

Este caso es una aberrante muestra de la politización de la JEP. A sus magistrados -en este caso Alejandro Ramelli- les tiene sin cuidado el dolor de los familiares de las personas que perdieron sus vidas. 

A pesar de que existen pruebas muy sólidas que confirman que Lezcano sí era terrorista de las Farc, judicialmente el Estado aceptó el crimen -que para muchos jamás existió-. 

Ante las incontrovertibles pruebas mostradas por la columnista de Semana, la JEP, en vez de poner la cara y reconocer su falta, emitió un comunicado que aumenta aún más las dudas.

En el encabezado del documento entregado a la opinión pública, el tribunal de las Farc sentenció que las acusaciones son simples “versiones revictimizadoras (sic)”.

Preocupante que la JEP reconozca que las medidas cautelares decretadas sobre el cementerio de Dabeiba estén sustentadas sobre una solicitud de la ONG de Iván Cepeda, alias ‘Don Iván’, denominada ‘Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado’, MOVICE. 

Es sabido que Cepeda es el jefe de los falsos testigos de este país. Él también estuvo muy atento del caso de Mapiripán, donde el Estado tuvo que pagar decenas de miles de millones de pesos a supuestas víctimas -todas representadas por el ‘Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’- que resultaron falsas. Hay personas condenadas por esa defraudación, pero ni el colectivo ni las ONG que respaldaron esas demandas recibieron sanción alguna. 

La justicia sí actuó en el caso de Edison Lezcano y, sin embargo, la JEP insiste en que el Estado incumplió sus deberes, copiando al pie de la letra el discurso de los terroristas de las Farc. En el comunicado, falsamente se asevera que “El Estado colombiano aceptó su responsabilidad por los hechos y por ello los familiares recibieron indemnización económica, con lo cual no se agotaron los deberes estatales de continuar investigando a los responsables del delito y el destino final de los despojos mortales, actividades que viene realizando la JEP”.

La mentira se cae por su propio peso, pues Salud Hernández probó que en el año 2003 la viuda de Lezcano, en compañía del Personero de Dabeiba, reconoció el cadáver que posteriormente fue enterrado en el cementerio de ese municipio.  

Viendo este circo dirigido por Ramelli, continúa afianzándose la convicción de que la JEP debe ser eliminada. Esa sede judicial, que tiene el propósito de hacerle los mandados a las Farc, es, junto al narcotráfico y el terrorismo, la peor amenaza que se cierne sobre la democracia de Colombia. 

@IrreverentesCol

Publicado: noviembre 15 de 2020