Nuestro país es un Estado Social de Derecho, así quedó establecido en la Constitución de 1991. Es por eso que hoy los Colombianos contamos con mecanismos como la acción de tutela, para la protección de nuestros derechos. Además, somos un país pluralista, incluyente y garantista de los derechos de las personas, bajo el principio de la dignidad humana. En efecto, el Estado debe diseñar las políticas públicas y ejecutar las acciones correspondientes con lo anterior.

Es así como la Corte Constitucional, en la posición garantista que la caracteriza, ha señalado que cada persona es “libre” de desarrollar su personalidad, de acuerdo a su plan de vida. Es decir, a cada individuo le corresponde señalar los caminos por los cuales pretende llevar su existencia, sin afectar los derechos de los demás.

Ante los anteriores argumentos de la Corte, las administraciones de las grandes ciudades, y en especial la de Bogotá, se encuentran ante una gran disyuntiva: ¿qué hacer con los habitantes de la calle?

Respecto a la mendicidad, la Corte ha señalado que esta es ejercida por una persona de manera autónoma y personal. Cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible y contrario a la Constitución.

Sin embargo, es importante sopesar la posición garantista del Estado Social de Derecho, con la necesidad de seguridad y conservación del espacio público de los habitantes de la ciudad. De ahí que sea necesario unir esfuerzos y plantear soluciones con urgencia.

Para empezar, el Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Integración Social, deben reconocer que no dimensionaron las consecuencias de la intervención del Bronx. Por lo anterior, urge una mayor ejecución de políticas públicas encaminadas a ofrecer programas sociales y de rehabilitación, que ayuden a disminuir el impacto de la intervención en esa zona de la ciudad.

Por otro lado, la Secretaría de Integración Social debe tener mayor precisión en el censo de esta población y ser más persuasiva en la oferta de programas sociales. Solo así se puede empezar a mitigar el impacto que ha generado el deambular de los habitantes de la calle, por varios sectores de la ciudad.

Pero no se trata solo de criticar. Por eso, desde la Comisión Segunda, propuse que se sesionara en las seis localidades que presentan los mayores índices de inseguridad: Ciudad Bolívar, Mártires, Suba, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, con la finalidad de escuchar a las autoridades locales y a la ciudadanía. Así mismo, para fijar compromisos y hacer seguimiento semestral a los mismos. De igual forma, estoy estudiando la posibilidad de apoyar el proyecto de ley de mi compañero de bancada por Bogotá, Efraín Torres, que establece la posibilidad de declarar en interdicción a los habitantes de calle. De esta forma se podrían llevar, con mayor determinación, a los centros de rehabilitación.

Este es un problema social muy complejo, que requiere de la participación de todas las autoridades del Estado. Solo así podremos empezar a mitigar sus efectos y empezar a darle verdaderas soluciones.

 

@Tatacabello