El inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, una de las mentes más brillantes que ha dado Colombia hasta el momento, logró que su lista para la Constituyente del 91 llegara para imprimir en la nueva Constitución Política los valores de la sociedad y la manera cómo protegerlos. Esos valores, a los que él se refería como el acuerdo sobre lo fundamental, no son nada distinto a aquellos puntos sobre los cuales no puede o debe existir discusión. Nadie puede discutir que la protección de la vida, la libertad y la justicia debe ser el propósito máximo de un Estado y de todos sus asociados. Lamentablemente en Colombia el valor de la vida (el valor supremo) se ha reducido a lo que cuesta un celular, una bicicleta, un gramo de cocaína o unos zapatos tenis y cuando la voz de una persona se vuelve incomoda en nuestro país, como lo fue Álvaro Gómez para el establecimiento del momento, no faltan sicarios que a cambio de unos pesos estén dispuestos a apagarla.

A los jueces de Colombia, incluyendo los más altos magistrados de las múltiples cortes se les ha olvidado que su función de impartir justicia es la medida necesaria para reparar a las víctimas y, más importante aun, para disuadir a aquellos que sientan el impulso de delinquir. Cuando vemos casos de capturas de criminales que duran unas cuantas horas porque los jueces deciden liberarlos hasta el caso de Santrich, el que dio todas las señales de que se iba a fugar y la Corte Suprema de Justicia lo permitió, es un mensaje a gritos a la sociedad a la que se le dice que la protección de su vida, honra y bienes está por debajo de la protección de la libertad de aquellos que transgreden.

El terrible aumento de los casos de violaciones y asesinatos de menores de edad ha abierto el debate sobre la necesidad de la cadena perpetua para los agresores. El origen de ese debate es la idea de que el aumento en las penas puede ser disuasoria, sin embargo, yo pienso que no es el número de años en la cárcel lo que causa el verdadero impacto sino el porcentaje de personas que efectivamente son llevadas a la justicia. El alto porcentaje de impunidad y el mal ejemplo que estamos dando como sociedad al permitir que delincuentes de lesa humanidad como las Farc se sienten en el Congreso son la mayor invitación al crimen.

El ex líder del Cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, recibió la máxima condena de cadena perpetua más 30 años que tendrá que cumplir en una celda de 3.5 X 2.0 metros desde donde no podrá ver la luz del sol ni la cara de otro ser humano salvo las pocas horas a la semana cuando lo dejarán respirar el aire libre en una jaula personal. El Chapo tiene en común con la mayoría de cabecillas de las Farc el haber sido narcotraficante, la diferencia radica en que los actuales congresistas cometieron más y peores crímenes como el terrorismo y el secuestro, violación y asesinato de menores de edad.

Para poder rescatar los valores de nuestra sociedad necesitamos que la justicia opere para el beneficio de la gran mayoría que se esfuerza por cumplir las reglas de juego y no para los criminales. Esto se evidencia en la más reciente decisión de la Corte Constitucional que mantiene la prohibición para fumigar los cultivos ilícitos con glifosato hasta tanto no se compruebe lo que ni la Organización Mundial de la Salud con todos sus científicos ha logrado hacer: que haya “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”. A lo que añadieron que la decisión se debe tomar en el marco de paz entre Juan Manuel Santos y los dueños de los cultivos ilícitos.

Esta canallada sumada a la rampante impunidad que se remonta, para efectos de este escrito a la ausencia de condenas en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado es lo que no nos ha dejado surgir como sociedad. Si queremos tener la oportunidad de lograrlo tenemos que comenzar por reformar lo que aquí le llamamos justicia.

@ANIABELLO_R

Publicado: julio 19 de 2019