Uno de los grandes aportes de la constitución de 1991 son las herramientas que le permiten a al pueblo participar en los asuntos públicos, a través de mecanismos como el cabildo abierto, plebiscito, consultas populares, asambleas constituyentes y referendos.
Estos últimos, que pueden ser de iniciativa ciudadana, tienen la vocación de imprimir reformas a la constitución.
Hace un par de semanas, el presidente Uribe propuso un debate que considero necesario y muy pertinente: someter a referendo un paquete de iniciativas que son de trascendencia, como la reforma a la justicia buscando la concentración de la rama judicial en una o máximo dos altas cortes, la creación de un tribunal de aforados que ejerza y administre justicia para poderle poner punto final a la inoperante comisión de acusaciones, la reforma integral o eliminación de la JEP y la prohibición de que criminales de lesa humanidad ocupen curules en el Congreso de la República.
Igualmente, el presidente ha propuesto la inclusión de medidas sociales importantes como la gratuidad efectiva de la educación y la aplicación de medidas que reduzcan los costos de la función pública para efectos de ampliar el presupuesto para la inversión en proyectos sociales.
Desde la entrada en vigor de la constitución de 1991 hubo un referendo -en 2003- que se hundió por unos pocos votos y un plebiscito que pasó el umbral y la opción que obtuvo el respaldo mayoritario fue desconocido por el gobierno anterior, precisamente para salvarle el pellejo al grupo terrorista de las Farc.
Comparto plenamente la iniciativa del presidente Uribe. ¡Que el pueblo decida! Bueno, que decida de nuevo, porque ya lo había hecho y su voz fue ilegalmente desconocida por Juan Manuel Santos quien, amparado por el Nobel que le regaló el gobierno de Noruega, pisoteó el plebiscito de 2016 en el que la mayoría de colombianos votamos en contra del acuerdo de La Habana que garantizaba impunidad, presencia de criminales de lesa humanidad en el Congreso de la República, el establecimiento de un tribunal diseñado para lavar las culpas de los victimarios y para perseguir con sevicia a los militares y policías que durante décadas enfrentaron con ardentía y valentía a los terroristas.
Según el nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ese tribunal es intocable y que quienes buscamos su eliminación le tenemos miedo a la verdad. No. Quienes consideramos que la JEP debe desaparecer le tenemos mucho miedo a la impunidad. Nos parece espantoso que los mafiosos como Santrich sean protegidos y se les permita la fuga. Nos aterroriza que exista una jurisdicción que funcione como un centro de persecución política en cuya nómina se encuentren personas cercanas a Iván Cepeda, empezando por la esposa de ese individuo.
En la Constitución de nuestro país no hay un solo precepto pétreo. Todo, siempre y cuando cumpla con los requisitos contemplados en la Carta, puede ser revisado, derogado o modificado. Así que los mismos que amedrentaron a los colombianos con el cuento de que votar por el NO en el plebiscito de 2016 significaba estar en contra de la paz, que ahora no vayan a empezar con la historia mentirosa de que la JEP es intocable.
Creo que tenemos que ponernos manos a la obra y trabajar redobladamente para que el referendo propuesto por el presidente Uribe sea una realidad y en 2022, los colombianos no solo elijamos al próximo presidente de la República, a nuestro nuevo Congreso, sino que también tengamos oportunidad de votar por los cambios que requiere nuestra Constitución.
Publicado: noviembre 9 de 2020
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