Por fin, después de casi 3 años, la fumigación con glifosato está ad portas de regresar. Una de las tareas más importantes que tenía pendiente el Gbno Duque. Lo único que falta es el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y todo estará listo para que despeguen las avionetas que hace 6 años clama con urgencia el País.

Las cifras hablan por sí solas. La aspersión aérea permitió erradicar sin problemas de resiembra 97.000 hectáreas de coca de 2001 a 2012. Es el único camino que ha probado ser eficaz para disminuir el número de plantaciones sin exponer miserablemente a la ruleta rusa de las minas y los francotiradores a los más de 10.000 uniformados que llevan a cabo las labores de erradicación manual.

Tan es así, que gracias a esta herramienta en 2012 el País registró 48.000 hectáreas sembradas, unas cuatro veces menos del número que tenemos hoy en día y que será prácticamente imposible de disminuir si seguimos dependiendo de que se arranquen una por una todas las matas de coca.

Sin embargo, aunque la expedición del Decreto 380 de 2021 es un gran paso para combatir este flagelo, persisten dos grandes problemas heredados de la inexplicable decisión que en su momento adoptó la Corte Constitucional.

El primero, es que el Gobierno Nacional no podrá fumigar con glifosato los parques nacionales naturales ni los parques naturales regionales. El segundo, se refiere a que será necesario adelantar consultas previas con las comunidades étnicas si se considera que la aspersión las puede afectar directamente.

Aunque el trasfondo de estas restricciones puede ser bienintencionado, lo cierto es que dejan más que coja la lucha contra las drogas, toda vez que el 47% de los cultivos ilícitos sembrados en Colombia se concentran en resguardos indígenas y parques naturales.

Es decir, la Corte Constitucional por proteger estos escenarios termina dándole todos los insumos al narcotráfico para que concentre su operación en territorios de relevancia ambiental e instrumentalice a las comunidades étnicas para evitar la acción del Estado.

De hecho, las consultas previas no solamente se han convertido en el mecanismo de extorsión por excelencia a través del cual los líderes de los grupos indígenas sabotean indefinidamente los proyectos de inversión, que con tanta urgencia necesita el País, hasta que los empresarios no se ven obligados a suscribir millonarios cheques a su favor, sino que, además, es el principal instrumento al que se acude para dilatar y poner todo tipo de trabas a la intervención del Gobierno en temas de seguridad nacional.

Por eso, es que el júbilo que acompaña la firma del mencionado Decreto no puede ser completo. Hoy en día Colombia tiene 200.000 hectáreas sembradas de coca, lo cual significa que, en el mejor de los casos, las plantaciones por mucho disminuirán a 100.000. El problema persistirá y la cifra final seguirá siendo escandalosamente alta.

Por lo pronto, el Gobierno debe encender los motores de las avionetas y reactivar con vehemencia la aspersión aérea en los sitios autorizados. Paralelamente, tiene que diseñar una estrategia realmente eficaz para intervenir integralmente los parques naturales – resguardos indígenas y evitar que estos territorios sigan siendo la tierra prometida del narcotráfico y la violencia en Colombia.

@LuisFerCruz12

Publicado: abril 14 de 2021