Uno de los fines de la Constitución Política de Colombia es el de asegurar a sus integrantes la  justicia dentro de un marco jurídico que asegure a su vez la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Sin eso, no hay estabilidad institucional, no hay Estado o mejor, diríamos estar, ante un elemento que determina la existencia de un Estado fallido.

El aparato judicial, el que impera desde la Constituyente de 1991 y las modificaciones introducidas hasta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tocaron fondo en toda su estructura. No existen garantías para los ciudadanos, ni los ciudadanos tienen confianza en el sistema judicial colombiano. Es necesario reformarlo y el camino más expedito es  la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque existiendo otros dos senderos, resultan de difícil tránsito por la imposibilidad de su trámite, ya que tanto cualquier Acto Legislativo, como el Referendo, deben surtir su curso por el Congreso de la República y difícilmente los intereses permitirán que sea aprobado el uno o el otro, con verdaderas intenciones de transformación y cambio.

El Presidente de la República en estos momentos de dificultad y oscuridad judicial, debe apelar al pueblo y otorgarle la facultad de hacer uso de los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, para que éste decida si convoca a una Asamblea Constituyente y sobre que competencia, periodo y composición determina. Es inminente su definición y convocatoria para resolver la crisis de la administración de justicia. El Presidente Duque no debe prolongar la agonía del paquidérmico aparato judicial que no atiende la realidad social y política del país, sino los intereses de quienes han logrado controlar su sistema.    

Jamás había estado tan servido el plato de la constituyente para hacer la necesaria reforma a la justicia como lo está ahora. Existe suficiente legitimidad para convocarla y suficiente reclamo ciudadano para ir a las urnas a elegir sus delegados. Los mecanismos de participación como el referendo constitucional resultan inviables, puesto que por esa vía no habrá garantías para que los miembros del Congreso de la República se atrevan a introducir modificación alguna al régimen imperante. La incomoda mostradera de dientes entre la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se mantendrá como garante para que el actual estado de cosas se mantenga.

Que sea el pueblo el que decida, como quiere que sea la estructura y su sistema judicial. Que sea el pueblo en su poder soberano que determine como debe ser la rueda que no funciona en el sistema de pesos y contrapesos del poder público colombiano. Que sea el voto directo de los ciudadanos, el método para determinar cómo debe ser la parte del contrato social y que estipulaciones debe contener para que exista ese orden social justo que la letra contenida en la Constitución aprobada en 1991, no ha sido capaz de otorgarlo como garantía de la convivencia pacífica. Presidente Duque, usted pasará a la historia, pero trascienda como el mandatario que fue capaz de arreglar lo que no funciona del Estado, para que pueda funcionar el resto del Estado. 

@AlirioMoreno

Publicado: marzo 7 de 2019