El triunfo contundente de Iván Duque, es una oportunidad para incorporar en la agenda del nuevo gobierno y en su plan de desarrollo, políticas públicas de suma importancia para mejorar la calidad de vida de la sociedad. El Presidente Duque tuvo el talento de dinamizar su discurso incorporando en su programa de gobierno temas como la economía de mercados, innovación social, ciencia y tecnología, emprendimiento, sostenibilidad ambiental, empleos dignos y estables, que, sumado a la lucha frontal contra la corrupción, reforma estructural de la Justicia, Salud y Educación, permite concluir que su gobierno será transformador de principio a fin.  

Es oportuno llamar la atención del nuevo presidente para que concentre esfuerzos para abrir el debate e implementar una seria y verdadera política de Estado para los centros urbanos. Sabemos que nos convertimos en un país urbano: el 77% de la población de Colombia vive en ciudades capitales y el 33% en zonas rurales; en las últimas elecciones el 64% del electorado se concentró en zonas urbanas. Las ciudades colombianas no son el mejor ejemplo de planeación urbana, convivencia y respeto por su biodiversidad. 

Las ciudades tienen diferentes problemas según su ubicación geográfica, su condición cultural o su dinámica económica, pero todas vienen acumulando un sin número de problemas que, de no ser atendidas con rigurosidad técnica y política, estaríamos alimentado un grave problema de Estado, peor que el vivido durante los últimos 50 años con los grupos narcoterroristas.  

Actualmente en la estructura del Estado, la responsabilidad de las políticas de las ciudades recae en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los resultados de este ministerio no son los mejores. En los últimos 8 años se dedicaron a la construcción de vivienda gratuita para los sectores vulnerables buscando propósitos electorales, sin tener en cuenta el urbanismo. Por ejemplo, en Bucaramanga el 38% de los beneficiados han abandonado, cedido o abandonado sus apartamentos porque fueron construidos en las periferias donde carecen de transporte masivo, parques, colegios, centros de atención de salud o seguridad.  

Una de las primeras tareas del nuevo gobierno es pacificar las ciudades, construir una política pública, educativa, más que represiva, para reducir a su mínima expresión los niveles de agresividad y violencia entre sus habitantes para poder fortalecer la seguridad urbana como ya lo anunció el Presidente Duque junto al Fiscal General. Las bandas criminales en sus diferentes operatividades son “autoridad” en diferentes comunas y desde ahí direccionan y ejecutan delitos que son flagelo diario contra ciudadanos vulnerables, víctimas del robo de teléfonos móviles, fleteos, atraco callejero, microtrafico, y otro motor de ilegalidad que no solo afecta la seguridad si no las economías locales como ocurre con el negocio ilegal del “gota a gota”.

Recuperar la seguridad colectiva e individual de los ciudadanos debe ser la conquista más poderosa del nuevo gobierno y el derecho colectivo e individual más protegido en las democracias modernas. Los niños deben inundar y disfrutar los parques, las mujeres merecen caminar por las calles sin miedo a ser violentadas, los ancianos deben ser protegidos, atendidos y disponer de condiciones para que disfruten de igual forma las ciudades.    

La movilidad en las ciudades se salió de orden, su solución requiere de voluntad política, disciplina y conocimiento, caminos contrarios a los cálculos electorales o vanidades gubernamentales que atentan la favorabilidad de los alcaldes. Los sistemas de trasporte masivo están quebrados, mal administrados y alejados de los usuarios. Seguir incentivando la compra y uso del carro o de la motocicleta es seguir agudizando la crisis de movilidad con sus efectos mortales contra el medio ambiente. El gobierno de Juan Manuel Santos no le importó la suerte de los sistemas de transporte masivo, recuperar y liderar con diligencia y prontitud esta política de movilidad con sistemas de buses articulados, tranvías, metro elevado o subterráneo, metro cables o integridad de servicios, es el camino correcto y demostrado por economía, conectividad y tiempo.     

Pero el peor de los problemas de las ciudades y que atenta desde hace dos décadas contra la planeación y las políticas de hábitat es la convivencia de las administraciones municipales con empresas estructuradas para traficar con los planes de ordenamiento territorial, entre propietarios de predios, concejales, oficinas de planeación, curadurías y alcaldes.   

El Gobierno de Iván Duque debe estudiar la posibilidad de asumir de nuevo la orientación y dirección de ordenamiento y planeación de las ciudades, modificando la Ley 388 de 1997, reformado las corporaciones autónomas ambientales, implementado un nuevo régimen municipal, y transformado el ministerio de vivienda, en un mega ministerio del hábitat. 

@LaureanoTirado

Publicado: junio 25 de 2018