Desafortunado el momento en el que el Gobierno le dio entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque era bien sabido que su informe sobre los recientes hechos de barbarie ocurridos en el país, estaría viciado por su marcado sesgo ideológico.

Nadie dudaba de que se pusiera del lado de sus camaradas y amigos,  asistiéndolos con la validación  de “todas las formas de lucha”,  sin embargo,   sorprendió el grado de desfachatez con el que se tomó atribuciones que no competen a ese organismo. No le incumbe, por ejemplo, recomendar u opinar, en cual ministerio se debe ubicar la policía, o si debemos tener o no, un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos, etc. Por fortuna, nada de lo que opinan o aconsejan, obliga.

Los resultados de la nefasta visita, obviamente, no se hicieron esperar. Más  demoró la CIDH en entregar su informe, que sus correligionarios en anunciarnos una nueva arremetida nacional: “las principales organizaciones  integrantes del Comité Nacional de Paro desde ya empezamos a convocar para el próximo 20 de julio, día en que se inicia la última legislatura de este Congreso, para la realización de una gran movilización nacional para exigir del Gobierno Nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la crisis social que estamos atravesando”. (Francisco Maltés presidente de la CUT y vocero del Comité)

Informó, además, que presentarán 10 proyectos de ley ante el Congreso de la República, entre los que proponen: “una renta básica para 10 millones de personas que constaría de una salario mínimo durante 7 meses” y, obviamente, “reglamentar las protestas con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Acuerdos de Paz firmados por el anterior Gobierno”.

La  descarada intromisión de la CIDH en asuntos internos, y la manera como ignoró,  menguó o puso en entredicho el cúmulo de pruebas entregadas por el gobierno, sobre los gravísimos atropellos de los que fuimos víctimas millones de colombianos, al mismo tiempo que asumió como verdades absolutas todo cuanto denunciaron los “pacíficos marchantes” y sus patrocinadores, son razón suficiente para que Colombia piense seriamente en retirarse de esa y de otras entidades que igualmente fueron penetradas por la izquierda internacional, con el propósito de diseminar o reforzar la ideología comunista a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Confiamos en que el Gobierno esté preparado para lo que se nos viene pierna arriba, porque los colombianos ya no aguantamos más. Sabe bien que aquí ya no hay “protesta pacífica”, esa es solamente la excusa, la carnada que utiliza toda una estructura política nacional e internacional financiada por el narcotráfico, que cuenta, además, con todos los grupos al margen de la ley, con miras a la desestabilización y toma del país.

El Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de controlar los disturbios, el vandalismo y los bloqueos oportunamente, no meses después. 

No se puede permitir que, con el concurso de ciertos alcaldes, destruyan lo que nos queda de país. Tiene, además, la potestad para regular la protesta por razones de salud pública. 

Los colombianos no podemos seguir a merced de esos bandidos. Tenemos el derecho a movilizarnos libremente, queremos trabajar, queremos vivir.

Presidente Duque: ¡estamos en sus manos!  

@cdetoro

Publicado: julio 17 de 2021