El estado de excepción es una figura planteada en la Constitución de 1991 para que el Presidente de la República asuma de manera transitoria facultades propias de otras autoridades, como el Congreso, para afrontar una situación que amenaza gravemente el devenir del País.

Es, en otros términos, la posibilidad de suspender aspectos fundamentales de la Constitución, como la separación de poderes, para proteger la misma Constitución. Puntualmente se puede utilizar en tres escenarios: guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica.

Este último, indudablemente, es el caso que está sucediendo con el cierre de la vía al llano. El oriente del País está completamente desconectado tras los derrumbes que están acabando de a poco con una economía regional que ha tenido que sufrir las consecuencias del aumento exponencial en los costos de producción.

Por eso, el Presidente debe acoger el fuerte llamado de los gremios y mandatarios locales para que acuda a esta herramienta que le da la Constitución y logre adoptar unas medidas mucho más contundentes que las tomadas hasta el momento.

Por supuesto que la reducción en el costo de los peajes de la vía alterna o aumentar la flota aérea funciona. Sin embargo, no se puede desconocer que, por ejemplo, el sector turístico en ciudades como Villavicencio quedará fuertemente devastado hasta que la vía no se solucione, lo cual amerita no solamente una flexibilización del calendario tributario, como lo ha anunciado el Gobierno, sino adoptar medidas que bajo las potestades del estado de emergencia logren suspender el cobro de imposiciones tributarias que terminarán de destrozar las finanzas de las industrias de estos importantes departamentos.

Además, hay otro aspecto que es aún más preocupante que el impacto tributario en la región. Tanto el Gobierno como los entes de control han manifestado que en el contrato de concesión de la carretera al llano no quedó estipulada la obligación en cabeza del contratista de realizar el mantenimiento de las montañas de la zona, lo cual tiene dos consecuencias.

La primera, se hubieran podido evitar los derrumbes que se han presentado estos meses. La segunda, los gastos de la restauración de la zona van a correr por cuenta de la Nación, lo que significa que los contribuyentes tendremos que pagar los platos rotos.

Debido a esto, el Presidente debe contemplar seriamente la declaratoria de emergencia como una facultad que, además de lo expuesto, le dé las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una renegociación del contrato de concesión, de tal manera que quede estipulada esa obligación en cabeza del concesionario.

Aunque hacer eso es complicado y presenta varios retos desde el punto de vista legal, el Presidente debe respaldar las necesidades de una región que necesita del apoyo institucional más que nunca y que de no modificarse esta situación tendrá que seguir soportando a futuro este tipo de dificultades cada vez que en el País se presenta una temporada de lluvias.

Presidente, el llano lo necesita. Declare el estado de emergencia.

@Tatacabello

Publicado: junio 28 de 2019