Si en algo es experta la izquierda, particularmente la colombiana, es en victimizarse y en recrear toda suerte de fantasías para hacer creer que ellos -los socialistas- son objeto de toda suerte de complots en su contra.
Hacen el papelón con tanta solvencia, que al final ellos mismos terminan por creerse sus propias mentiras. Gustavo Petro, no hace mucho tiempo, llegó al extremo inaudito de irse a Washington para denunciar ante la comisión interamericana de derechos humanos lo que él presentó como un atentado criminal en con contra, perpetrado por las “mafias” de la ciudad de Cúcuta.
La verdad de lo sucedido es diametralmente distinto de lo dicho por el exterrorista del M-19. Ninguna bala fue disparada en su contra mientras visitaba a la capital nortesantandereana. A él, le lanzaron una piedra, lo cual está muy mal, pero más mal es maquillar una acción como esa para presentarla como un intento de homicidio.
Ahora con los asesinatos de los supuestos “líderes sociales”, está sucediendo algo parecido. Lo primero es dejar en claro que asesinato no es admisible desde ningún punto de vista, empezando por el moral. Colombia progresará como sociedad el día en que logre salir de la dinámica de violencia en la que está involucrada desde el instante mismo en que declaró su independencia y comenzó su vida republicana.
Ahora bien: muchas de esas personas que han sido asesinadas, ¿perdieron su vida por ser “líderes sociales”?
Hace pocos días, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez reveló un análisis muy juicioso que confirma que el grueso de los asesinatos de los líderes fueron perpetrados en zonas donde operan estructuras dedicadas al narcotráfico, donde las acciones violentas son mucho más elevadas que en el resto del país.
De acuerdo con lo revelado por el fiscal general, “en los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación es dramática y preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el homicidio está creciendo en año corrido un 164% y durante el primer semestre de 2018, el homicidio creció 47% en Antioquia”.
Frente al asesinato de Ana María Cortes Mena, presentada como “líder social” y dirigente de la campaña presidencial de Petro en Cáceres, Antioquia, la fiscalía -que ya identificó a los autores del crimen- no duda en aseverar que cuenta con las evidencias para sostener, sin duda ninguna, que esa mujer fue asesinada por la estructura armada ilegal denominada “Los Caparrapos”.
Igualmente, se estableció que la señora Cortes, militante activa del petrismo, estaba íntimamente ligada con el cartel de narcotraficantes llamado “El clan del Golfo”, grupo al que ella servía de informante.
Así las cosas, vale preguntarse si Ana María Cortes era una líder social o una líder delincuencial. Absolutamente nada justifica su asesinato. Vivimos en un Estado de derecho en el que las personas que violan la ley deben ser llevadas ante la justicia para ser castigadas ejemplarmente.
Pero no se puede desconocer que en el mundo de la criminalidad y el bandidaje, se presentan vendettas y ajustes de cuentas, donde los miembros de una estructura son baleados por sus rivales, como seguramente fue el caso de la señora Cortes.
El caso de ella, ha sido manipulado y utilizado habilidosamente por la izquierda que desde el primer instante ha hecho propaganda con ese crimen, para alentar la tesis dañina de que en Colombia se está enervando un “genocidio” similar al de la unión patriótica.
El responsable del mismo, será, por supuesto, lo que los socialistas llaman “la derecha” de nuestro país, es decir el uribismo.
El planteamiento hecho es tan descabellado que llegaron al límite de señalar al presidente electo Iván Duque por no hacer lo suficiente para denunciar los asesinatos de aquellas personas, olvidando que el doctor Duque asumirá el poder el próximo 7 de agosto.
Un “genocidio” es, ante todo, inmensamente rentable. Las condenas de tribunales internacionales por ese tipo de acciones además de arrojar indemnizaciones fabulosas, son utilizada con fines políticos. En eso, la izquierda colombiana tiene experiencia probada.
Así las cosas, hay que impedir que los asesinatos que se están cometiendo y que de acuerdo con la fiscalía están íntimamente ligados a actividades de narcotráfico, sean habilidosamente utilizados para prefabricar un genocidio que llenará las alforjas de la izquierda y servirá como plataforma para un discurso populista.
Publicado: julio 10 de 2018
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