Los niños deben ser para el Estado Colombiano la prioridad. No solo por ser sujetos de especial protección constitucional, o por la vulnerabilidad inherente a su condición, o porque los tratados internacionales suscritos por Colombia obliguen al Estado a darle prevalencia a sus derechos, sino además, porque los niños son el presente y el futuro del país.

Sí, son el presente, el aquí, el hoy, el ahora. Un niño que en su presente no viva bajo buenas condiciones afectivas, económicas, sociales, etc., reflejará estas deficiencias en su futuro.

Es cierto que últimamente se ha hablado mucho de la importancia de proteger a la familia. E incluso, se ha discutido la inconveniencia de que los niños sean criados por dos personas del mismo sexo o por un padre o madre solteros. Se olvida con demasiada facilidad el bienestar de los menores de edad y la obligación de garantizar sus derechos fundamentales; aunque ellos sean la razón misma por la que la protección de la familia se hace imperante.

El Estado fracasa en su deber de protección y no brinda garantías para el goce efectivo de sus derechos. Las noticias a diario son prueba irrefutable de lo indolente de nuestro ejecutivo y de su fracaso sistemático.  Para ejemplificar el argumento no basta sino recordar que hace un mes no tenemos Ministro de Educación.

En la última semana de octubre, se publicó en un importante medio de comunicación que una menor de apenas 3 años fue abusada sexualmente. En la misma noticia se informó que el presunto agresor fue puesto en libertad por no haber sido sorprendido en flagrancia. La excusa me dejó perpleja, entristecida y con muchas preguntas. Y es que nuestra política criminal debe replantearse para hacer eficiente nuestra justicia. Si nuestro sistema no da abasto entonces debe concentrarse en lo que es prioritario, ¡y nuestros niños lo son!

Debemos dejar de penalizar con cárcel conductas que pueden ser castigadas de otras maneras, así como dejar de incrementar las penas de delitos que ni siquiera deberían serlo. Esto en un ejercicio de populismo punitivo que contraviene la eficacia del sistema.  El derecho penal debe servir, como fue pensado, al propósito de castigar y desincentivar las conductas criminales que ameritan la suspensión y la pérdida de los derechos de quienes las perpetran.

Ahora bien, es cierto que la resocialización es uno de los fines de la pena en Colombia, según se estipula en nuestras leyes, y su valor es inmenso para nuestra nación como Estado Social de Derecho. Pero debemos implementar todas las herramientas para que no sigan ocurriendo atrocidades en nuestro país, como lo confirma Medicina Legal. Esta última habla de 1.512 menores de 18 años, que han sido abusados en lo que va corrido de este año en nuestro país.

Igualmente escandalosos son los repetitivos casos de muertes de menores de edad por causas asociadas a la desnutrición. Ante todo está el interés superior del niño y los derechos a la vida y a la dignidad. Las medidas que se tomen para hacer efectiva la protección de ellos tienen que ser verdaderamente efectivas e implementarse de manera urgente.

Las muertes de menores de edad que siguen ocurriendo en el departamento de La Guajira  son absolutamente inaceptables. Los 37 niños que murieron en el 2015 debieron haber motivado soluciones definitivas, pero no. Ahora, en lo corrido de 2016, van 62 menores de edad que han perdido la vida por causas relacionadas con la desnutrición. Los municipios de Riohacha, Manaure, Uribía y Maicao son los que hoy causan la mayor preocupación.

La tolerancia es uno de los pilares de los Estados Liberales contemporáneos, pero debe encontrar un límite en los principios fundacionales sobre los que se sostiene el Estado Social de Derecho. Los derechos fundamentales en su núcleo esencial son incontrovertibles para la diversidad. Solo en un Estado que reconozca estos mínimos y los haga respetar es posible la convivencia entre quienes pensamos distinto. Lo cierto y más claro es que, ante todo, nuestros niños deben ir primero.

@Tatacabello