En Colombia pesan más los odios y pasiones políticas que los argumentos y los derechos. Lo estamos ratificando con ocasión de la solicitud elevada por un sector gremial del departamento del Cesar al Gobierno Nacional para que les autorice el porte y tenencia de armas a ganaderos, agricultores, vivientes de fincas y actores del agro afectados por un sin número de acciones criminales.
La prohibición del porte y tenencia de armas fue imposición, un inamovible, de las FARC dentro del acuerdo de impunidad de La Habana, y perfeccionado por el Gobierno Nacional a finales del 2015 y reglado de manera definitiva en febrero del 2016. La decisión dejo por fuera de la legalidad a más de 900 mil armas. El cálculo del Ministerio de Defensa y el CERAC es que el Colombia existen alrededor de 2.5 millones de armas ilegales en poder de delincuentes comunes, organizaciones y bandas disidencias, guerrilla, y otras estructuras criminales.
El Gobierno de Iván Duque, contrario a lo argumentado por el Decreto prohibitivo de porte y tenencia de armas, encontró indicadores preocupantes de inseguridad, para lo cual adoptó medidas inmediatas posterior a su posesión con el programa “El que la hace la paga” como política de lucha contra la criminalidad. Fundamentalmente la batalla librada a través de la Policía Nacional es combatir delitos que afectan a la sociedad de manera indiscriminada como hurtos, secuestros y extorciones, homicidios, microtrafico, abuso de menores y proxenetas, y ciberdelitos.
Sumado a lo anterior, el Gobierno Nacional acaba de presentar la “Política de Seguridad y Defensa”, complementarios a la Política Nacional de Legalidad, Emprendimiento y Equidad, y que refrenda la Seguridad como un valor democrático y bien público. Para el Gobierno de Iván Duque, el matrimonio entre Seguridad y Justicia edifica el concepto de legalidad.
Quienes se oponen a que se devuelva el derecho al porte y tenencia de armas, no lo hacen por razones altruistas o en defensa de la vida, no, lo hacen porque esta conquista seria un triunfo del uribismo, del Centro Democrático, de la derecha, así se violen derechos universales, democráticos, constitucionales a la defensa, la seguridad, y protección de bienes.
La seguridad debe ser una acción legal y sincronizada entre la sociedad civil y el Estado, como ocurre con las empresas de vigilancia, quienes ejercen funciones privadas de vigilancia para preservar la seguridad, orden y bienes de quienes habitan en propiedades horizontales. La seguridad no solo es un tema de tecnología, de aplicaciones a través de teléfonos móviles, de radioteléfonos o policías cívicos, la seguridad implica la posibilidad de defensa inmediata que permita enfrentar al delincuente, como mecanismo de preservación de la vida misma.
Es inaudito e inentendible que se aplace el debate para devolverle a los colombianos que cumpliendo con unos requisitos y procedimientos legales y de control el derecho de porte y tenencia de armas. El Estado no pude dejar a sus asociados que viven en regiones rurales al amparo de la suerte, de las oraciones. Es deber del Estado, del Gobierno elegido con las políticas de la Seguridad Democrática, abrir el debate, devolver el derecho usurpado por las FARC que solo benefician a los que peregrinan por la criminalidad.
Publicado: febrero 13 de 2019