En los años 90, la extrema izquierda disfrutó los réditos de la politización de los muertos. En efecto, no fueron pocos los sectores que vieron en la brutal oleada de violencia que se vivió en nuestro país durante aquellos años, una estupenda oportunidad de negocios. 

El ejemplo más claro los protagonizó el denominadoColectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que en la práctica se constituyó en un bufete de abogados dedicado a drenar las arcas estatales a través de demandas, la mayoría de ellas ante instancias internacionales, particularmente en el sistema interamericano de los derechos humanos. 

El caso de Mapiripán es escalofriante. Efectivamente, ese colectivo se valió de la masacre perpetrada por un escuadrón de las desaparecidas AUC, para recrear falsas víctimas con el propósito de presentar, en nombre de ellas, multimillonarias demandas. 

A los abogados del Colectivo poco o nada les importa la suerte de quienes realmente padecieron el rigor de la violencia paramilitar. Ellos iban tras la comisión de éxito que reclamarían si la demanda prosperaba y el Estado resultaba condenado. 

Se pudo establecer que por lo menos 12 personas, todas ellas representadas por el Alvear Restrepo, formularon demandas falsas, logrando que la corte interamericana de los derechos humanos fallara a su favor y obligando al Estado colombiano a pagar una multimillonaria indemnización.

Producido el fallo, todas esas falsas víctimas “donaron” la mayoría del dinero recibido al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Pasados los años, se pudo establecer que mientras esa ONG -cuyos directivos tienen una insoportable cercanía con los terroristas de las Farc – alegaba que en Mapiripán hubo cerca de 80 víctimas mortales, la verdad es que en esa masacre murieron 13 campesinos. Inflar la cifra, por supuesto, significaba aumentar el número de las indemnizaciones y, por ende, la cifra de las “donaciones” que recibiría el colectivo de marras.  

Han pasado los años y la izquierda continúa monetizando y politizando a los muertos. Ahora, empezaron a acuñar el término de “líder social” para presentar a todos aquellos que caen como consecuencia de la espiral de violencia que azota a Colombia. 

Pero, ¿qué es un líder social”, ¿cómo se determina esa condición? La tolerancia cero frente a la violencia debe observarse en todos los casos, sin distingo ninguno. Y a la justicia debe exigírsele la mayor celeridad y verticalidad en la investigación y sanción frente a los asesinatos de ciudadanos -civiles, militares o policías-, aplicando los mismos raceros.

Con ocasión del brutal y lamentable asesinato de la campesina cordobesa María del Pilar Hurtado, la izquierda nuevamente ha encendido la execrable máquina de politización del cadáver. Valiéndose del estremecedor video del pequeño hijo de la difunta llorando desconsoladamente en la escena del crimen, los más obsecuentes promotores del marxismo cultural criollo, dieron rienda suelta a su irresponsabilidad. 

Lo primero que hicieron, sin prueba ninguna, fue acusar del crimen al uribismo, concretamente al presidente Uribe. La petrista y aliada de los miembros de las Farc en Europa, Cielo Rusinque promovió en las últimas horas esa hipótesis cargada de mentiras e infundios. A ella, se sumó el geriátrico Enrique Santos Molano y, por supuesto el periodista de la fábrica de noticias, Noticias UNO, Julián Martínez. El abogado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, oportunamente anunció acciones penales en contra de esos energúmenos calumniadores, cuyas mentiras no pueden quedar impunes. 

Lo cierto es que a la izquierda la tiene sin cuidado el asesinato de la señora Hurtado y mucho menos el dolor de su hijito. Pero vieron en ese crimen -grabado artesanalmente con un celular- la oportunidad perfecta para hacer política con el cuerpo inerte de quien aún no se sabe por qué fue asesinada, ni a manos de quien. 

Lo primero que hicieron, fue decir que la señora Hurtado era una “líder social” -no faltó el que la presentara como “lideresa”- que había denunciado amenazas frente a las que el gobierno hizo oídos sordos. Así, ambientaron el escenario para mostrar al presidente Duque como un indolente que no hace lo que le corresponde para “detener los asesinatos de líderes sociales”.

Pero, al decir popular, entre cielo y Tierra no queda nada oculto. El secretario de Gobierno, la Personera y el comandante de la Policía de Tierralta -Córdoba-, municipio en el que vivía y fue asesinada la señora Hurtado, emitieron un comunicado en el que aseguran que ella “no perteneces a ninguna asociación ni figura como líder social, [el esposo de la difunta] manifiesta también que nunca recibió amenaza de ninguna índole y que laboraba en un aserrío fabricando guacales…”.

Comunicado de las autoridades de Tierralta sobre el caso de María del Pilar Hurtado

Todos esos izquierdistas que saltaron a las redes sociales a hablar de María del Pilar Hurtado, a presentarla como lo que no era, ¿tendrán el coraje de reconocer que mintieron? Gustavo Petro, conocido como “el señor de las bolsas” sobrepasó todos los límites al decir, sin prueba ninguna, que “María del pilar Hurtado era una reclamante de tierras. Los acaparadores de tierras están asesinando a los reclamantes de tierras. Silogismo: el gobierno asesina a los reclamantes de tierras”.

Es lamentable que los campesinos colombianos sean asesinados. Hay que garantizar su seguridad. Pero es más lamentable que la extrema izquierda manipule esas muertes para sacar provecho político. Aquello es inhumano y canalla. 

@IrreverentesCol

Publicado: junio 25 de 2019