Procuraduría abrió pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar que favoreció a “Natalia Springer” con contrato de $1400 millones.

Luego de una rigurosa investigación, la procuraduría general de la nación abrió pliego de cargos contra el exalcalde de la ciudad de Valledupar, Fredys Socarrás, luego de encontrar irregularidades evidentes en el contrato que él celebró con la cuestionada Natalia María Lizarazo García quien defraudó al Estado presentándose como “Natalia Springer”.

De acuerdo con el ministerio público, Socarrás celebró un contrato con “Springer”, sin el lleno de requisitos legales.

Se trató de una contratación por $1400 millones de pesos que el entonces alcalde de la capital del Cesar hizo con la firma de “Springer” para dictar unos supuestos talleres de formación de “gestores de paz”.

De acuerdo con el objeto del contrato, la tristemente célebre empresa Springer Von Shwarzenberg Consulting Services S.A.S, debía llevar a cabo un proyecto de “formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz”.

La contratista García Lizarazo, que también fue favorecida con contratos ilegales concedidos por la fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, empleó la metodología de presentar su trabajo como si aquel fuera el producto de un profundo estudio realizado por expertos internacionales.

Como en su momento pudo establecer el director de LOS IRREVERENTES, todo era una puesta en escena. En la empresa de la señora Lizarazo, además de ella, únicamente trabajaban su hermana Ana María y su cuñado que tenían experiencia en la administración de una tienda de barrio en Bogotá.

La decisión adoptada por la procuraduría, afecta al exalcalde Socarrás y tres altos funcionarios de su administración: la exsecretaria general, Lisbeth Gaitán; el exsecretario de gobierno, Carlos Céspedes y la que fuera jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, Mery Romero.

De ser hallados responsables, se enfrentan a una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años, sin perjuicio de ser investigados penalmente por la fiscalía general de la nación que podría imputarles los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por destinación y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

No se descarta que en los próximos días la cuestionada Natalia Lizarazo sea llamada por la fiscalía, entidad que avanza a pasos acelerados en la investigación sobre los contratos con los que ella fue abusivamente favorecida y que clara y evidentemente constituyen un detrimento al patrimonio de los colombianos.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 17 de 2017