La Jurisdicción Especial para la Paz sin lugar a dudas tiene mutiles problemas. Es inoperante, burocrática, clientelista y muchas veces parece ser más la defensora de oficio de las Farc que la entidad encargada de su juzgamiento. Sin embargo, de todas estas problemáticas una de las más preocupantes es la falta de garantías para los militares y policías sometidos a esa entidad. Me explico.
Durante el proceso de La Habana Santos juró -con la misma contundencia que firmaba en mármol no subir los impuestos- que en el acuerdo con las Farc no se iba a volver a repetir la situación acontecida en el pasado donde los guerrilleros llegaban a ser Senadores, Alcaldes y Gobernadores mientras los militares estaban presos pagando penas de hasta 30 años.
No obstante, tal como es usual en él, esa máxima de la negociación no fue otra cosa distinta a una gran mentira que se vociferaba a los cuatro vientos con tal de tener tranquila a la tropa. La realidad, como la vemos hoy en día, es completamente opuesta.
A los militares, como tal, no se les respeta en la JEP la más esencial de las garantías que toda persona debe tener en un proceso: ser juzgado por su juez natural. Es decir, que las personas que van a tener en sus manos la decisión sobre su libertad conozcan, para este contexto, de todas las situaciones por las que atraviesa un soldado de la Patria en combate. En palabras sencillas, a un militar solo lo debería juzgar otro militar.
Pero en la JEP sucede todo lo contrario. Los jueces de los militares son un conjunto de abogados que desde la comodidad de un escritorio en el norte de Bogotá van a decir cómo debieron haber actuado los soldados en situaciones ocurridas hace 20 o 30 años, a pesar que jamás en sus vidas han cogido un fusil, no tienen la menor idea de las características del combate y mucho menos se les ha pasado por la mente adentrarse 4 y 6 meses en el monte para defender con su propia vida a todo un País.
Por si fuera poco, la mayoría de ellos o fueron millonarios contratistas del Gobierno Santos -el mismo que igualó al narcoterrorismo con las Fuerzas Militares y puso de Senadores a los miembros del secretariado- o han desarrollado una extensa carrera en colectivos de abogados que se han enriquecido a costas del erario público al demandar por cuanta razón existe al Estado alegando errores por parte de soldados. Unos verdaderos enemigos de la Fuerza Pública.
Esta situación, que para muchos podrá parecer insignificante, es el punto de partida de la cantidad de arbitrariedades e injusticias que se van a empezar a cometer en la JEP en contra de soldados y policías, quienes, para no ser condenados a pagar 20 años de cárcel ni gastarse el resto de su uso de retiro pagando costosos abogados y siendo sometidos al tortuoso desgaste de un proceso penal, en muchas ocasiones terminarán aceptando responsabilidad en crímenes no cometidos con tal de tener un poco de tranquilidad en los últimos años de sus vidas.
Genuino dolor de Patria da al ver verdaderos héroes como el General Mario Montoya, artífice intelectual de los más grandes y cinematográficos golpes a la guerrilla, yendo casi que arrodillado ante la JEP para que comience la persecución judicial en su contra, en algo que se pudiera describir perfectamente como una venganza de los terroristas que tanto combatió.
Por eso, si hay una reforma urgente que se debe realizar a la JEP, incluso más allá de las objeciones del Presidente, es una que permita o la creación de una sala especial para militares compuesta por militares o la adición de nuevos jueces con conocimiento militar en las salas existentes.
No se está exigiendo que no se investigue, ni se juzgue, ni mucho menos que haya impunidad. Solamente, que se respeten las más básicas garantías que todo ser humano debe tener en un proceso penal.
Publicado: abril 24 de 2019
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