Como un libro sagrado, así se ve la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los ojos de la oposición: inequívoca, profética e inmejorable.

Al tenor de esas adulaciones, que solo la oposición es capaz de otorgarle al maculado tribunal, han sido cuestionadas las objeciones que, por razones de inconveniencia para el país, hizo el presidente Duque a seis artículos de la polémica Ley.

Desatinadamente, a raíz del anuncio los miembros de partidos de oposición han vaticinado el fin del Acuerdo de Paz, el regreso al monte de los combatientes que están siendo resocializados, y el inicio de una nueva era de violencia, no obstante, lo que busca el Gobierno nacional con las objeciones es evitar que la Ley presente vacíos que más adelante puedan ser aprovechados por los victimarios para no pagar por sus atrocidades.

Entre las posibles ‘trucuñuelas’ que se buscan eludir están que, por ejemplo, delincuentes que no pertenecieron a las Farc terminen colándose y gozando de los beneficios de la justicia transicional; que erróneamente pasen a la justicia especial los casos que debían ser atendidos por la justicia ordinaria, y que la JEP arruine las relaciones de cooperación judicial con otros países al extralimitarse en la solicitud de material probatorio, cosa que NO le compete.

Otras de las pretensiones del Gobierno nacional son excluir de la justicia transicional los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; quitar beneficios a reincidentes, y adjudicar a la justicia ordinaria los delitos iniciados antes del 1 de diciembre de 2016 y que se continúen ejecutando.

Aun con evidentes razones para modificar –para bien- esta Ley Estatutaria, el martes pasado se estrenó el derecho a la réplica de la oposición. La vocera fue Juanita Goebertus y a sus espaldas estaban congresistas de la FARC, quienes con el cinismo a tope sosteían arriba la cara mientras la primera recitaba un discurso en defensa suya y de los demás victimarios, en contravía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Como colombiana y no como congresista, debo decir que solo a los encargados de sembrar terror en nuestro país durante más de medio siglo, les conviene que la Ley Estatutaria de la JEP se quede como está. A los demás, representantes de las 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, no nos importa lo impopular que pueda resultar parecer enemigos de la paz –la que se inventó santos-; asumimos el costo político y confiamos en que, como ha venido ocurriendo, el tiempo nos dará la razón.

@JenniferAriasF

Publicado: marzo 14 de 2019