A comienzos de 2017, LOS IRREVERENTES le revelaron al país cómo las exministras de Santos, Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa habían abusado de su poder en el gobierno para favorecer los intereses de la familia Parody, propietaria de un puerto sobre el río Magdalena, en el municipio de Gamarra, en el Cesar.
En efecto, tanto Parody como Correa, siendo ministras de Santos, votaron favorablemente el documento Conpes 3187 por medio del cual el gobierno adoptó medidas para rehabilitar la navegabilidad del Magdalena y la construcción de una carretera entre los municipios de Gamarra y Ocaña.
Las flamantes funcionarias coadyuvaron la aprobación de dicho documento, sin declararse impedidas, pues todas esas obras, tanto las del Magdalena como la carretera, tenía como principales beneficiarios a la familia Parody, poderosos empresarios, propietarios de buena parte de los puertos de nuestro país, entre ellos el puerto Andalucía, ubicado en la población de Gamarra.
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En criterio del ministerio público, las dos exministras habrían incurrido en conflicto de intereses. Es obvio que la familia Parody se iba a beneficiar con esas obras por las que la nación pagó billones de pesos.
En resumidas cuentas, con dinero del erario, a los Parody se les dragó el río Magdalena y se les construyó una gigantesca carretera cuyo trazado desemboca a pocos metros de la entrada de su puerto.
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Ha pasado más de un año y medio desde que estalló el escándalo y hasta ahora empiezan a verse los primeros resultados. Hace pocos días, la fiscalía concluyó que las exministras no habían violado la ley, pero ahora, en criterio del ministerio público, ellas sí habrían incurrido en faltas disciplinarias gravísimas razón por la que fueron llamadas a juicio y se enfrentan a la posibilidad de ser inhabilitadas para ocupar cargos públicos los próximos 20 años.
Bien por la procuraduría que no se dejó amedrentar por las evidentes presiones del gobierno saliente. Santos, que ha dicho que Parody y Álvarez son mujeres “impolutas”, tendrá que tragarse sus palabras. Ahora, quienes fueran sus ministras de Educación y Transportes, serán llevadas al banquillo de los acusados para que respondan disciplinariamente por sus actuaciones como altas funcionarias del Estado.
Publicado: junio 27 de 2018
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