Bogotá está sin norte. Además de las deficiencias en seguridad y movilidad, las imposiciones del Distrito están trayendo más problemas que soluciones. No hay diálogo, la interlocución con el Concejo se acabó y las preocupaciones de los gremios no se tienen en cuenta. Un panorama nefasto.
En primer lugar, la adopción del POT por Decreto conlleva demasiadas preocupaciones. No solamente por la clara incoherencia que significó esta decisión frente a la posición que tomó Claudia López en campaña, sino porque este documento afectará gravemente el crecimiento organizado de la ciudad y empeorará los problemas ya existentes.
Por ejemplo, imponer un metraje mínimo para la construcción de vivienda e impedir la urbanización ambientalmente responsable del noroccidente de la ciudad va a hacer que las familias de menores recursos sigan siendo expulsadas hacia los municipios aledaños como consecuencia del aumento en el valor del metro cuadrado, ya que al no haber terrenos disponibles para edificar se incrementará el precio de las construcciones ya existentes.
Lo anterior, a su vez, hará que el tráfico en las vías de acceso se empeore aún más, dado que estas no están diseñadas para soportar el tránsito diario de las miles de familias que se han trasladado a Chía, Mosquera, Cajicá o Cota. Los trayectos que hoy en hora pico son de mínimo una hora y media en la Autopista Norte o la 80 fácilmente podrán llegar a dos o tres horas en unos años.
De hecho, otro de los aspectos más alarmantes de este POT es que suspendió la construcción de vías cruciales para la capital como la ALO Norte, lo cual hará que todo el tráfico de carga que se movilizará por la ALO Sur y ALO Centro no desemboque en Chía sino en la 80, generando un caos vial sin precedentes en Engativá. En todas partes del mundo se construyen grandes autopistas que no afectan las fuentes hídricas que atraviesan, menos en la Bogotá de López.
Y como no mencionar la innecesaria expansión burocrática que trae este POT al crear 13 localidades más, situación que le implicará pagar más ediles, alcaldes locales, contratistas y funcionarios con recursos que se deberían invertir, entre otros rubros, en mejorar la malgastada malla vial de la ciudad.
Son tantas las preocupaciones de fondo que acarrea el POT que lo natural es que este proyecto se hubiera discutido en el Concejo. Prácticamente la única esperanza que le queda a la ciudad es que un juez suspenda su entrada en vigencia como medida cautelar en las justificadas demandas que se interpondrán contra el Decreto.
En segundo lugar, la ampliación del pico y placa es un arma de doble filo. Por un lado, el gran riesgo que acarrea esta decisión es que las personas adquieran un segundo carro o una moto para evadir la restricción, tal como sucedió en 2009 durante la Alcaldía de Samuel Moreno. En ese entonces se registró un incremento considerable del parque automotor, con lo cual el remedio resultó peor que la enfermedad.
Por otro lado, esta medida puede sepultar buena parte del comercio. Por mencionar un caso, Acodres, el gremio que agrupa a los bares y restaurantes, ya está registrando caídas en las ventas, dado que las familias prefieren quedarse en la casa ante la imposibilidad de transportarse en carro.
Además, aunque lo ideal es que el transporte público sea el medio preferido para movilizarse, la mezcla entre la inseguridad y las masivas congestiones de Transmilenio en hora pico hacen que las personas que tienen carro desistan de usar el sistema, afectando así las ventas de los establecimientos que antes recibían un considerable flujo de clientes de 8:30 a 15:00.
En últimas, lo que se ve con estas decisiones es más improvisación y arrogancia que un verdadero fundamento técnico. Las puertas del Palacio Liévano parecieran estar cerradas para todos aquellos que no son amigos de la Alcaldesa y, al final, la que pierde es la ciudad.
Publicado: enero 19 de 2022
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