No se entiende qué más quiere esperar la polémica JEP para notificar al país de la expulsión inmediata del jefe de las Farc, alias ‘Timochenko’ de la órbita de esa jurisdicción que supuestamente tiene la única obligación de que quienes se postulen, deben decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

La semana pasada, mientras algunas ciudades del país estaban siendo sometidas al vandalismo y al caos por parte de militantes de la extrema izquierda, trascendieron unos audios que son una burla y un monumento al cinismo.

Se trata de apartes de diligencias adelantadas por cabecillas de las Farc, entre ellos alias ‘Timochenko’ y alias ‘Pastor Alape’, quienes con toda la desfachatez negaron el reclutamiento forzado de menores, alegando que a las filas de esa organización terrorista, voluntariamente se sumaban campesinos y estudiantes universitarios.

Los defensores a ultranza de la JEP nos dicen a quienes somos sus críticos, que tenemos que contar con la certeza de que en esa jurisdicción se cede en justicia, siempre y cuando haya verdad plena de los hechos. El argumento consiste en que la verdad es supuestamente sanadora y que, en aras de conocerla, se requiere generosidad y laxitud punitiva.

Lo que hemos visto es un exceso de impunidad y nada de verdades. ¿Cómo así que los máximos cabecillas de las Farc continúan negando el reclutamiento forzado y sistemático de miles de niños? ¿Acaso la voz de las víctimas que se han atrevido a narrar sus respectivas tragedias no es más que suficiente? A las denuncias, se suman las investigaciones penales que se alcanzaron a adelantar en la Fiscalía General y los estudios tanto nacionales como internacionales que confirman que las Farc tenían como política central la esclavización de niños.

Dado que ‘Timochenko’ y los suyos, al negar el reclutamiento de menores están incumpliendo sus compromisos con la JEP, procede su expulsión inmediata. El gobierno nacional, que suficientes críticas ha recibido por su exceso de laxitud frente a los abusos de las Farc, tiene en sus manos una estupenda oportunidad para enviar un mensaje contundente: quienes cumplan con lo que pactaron, no sufrirán consecuencias de ninguna naturaleza. Pero aquellos que no lo hagan, recibirán el castigo correspondiente.

La sociedad colombiana no tolera más burlas por parte de los terroristas de las Farc. Ellos han incumplido su parte del generoso acuerdo que les obsequió el gobierno de Santos. No podemos olvidar la existencia de las así llamadas ‘disidencias’, integradas por miles de hombres que no entregaron sus armas y que decidieron permanecer en la ilegalidad, precisamente en las regiones con mayor cantidad de hectáreas cultivadas con coca.

Dos de los diez  ‘congresistas’ gratuitos, continuaron con el tráfico de estupefacientes y hoy son grandes capos de la mafia por los que los norteamericanos ofrecen gigantescas recompensas. Y ni una palabra ni explicación hemos oído desde las toldas de las Farc, ofreciendo una explicación sobre las actuaciones ilegales de ‘Márquez’ y ‘Santrich’.

¡Claro que la JEP goza del mayor de los desprestigios! Ellos se han encargado de generar desconfianza en la comunidad. Recordemos cuando recién fue creado ese tribunal, los escándalos de corrupción protagonizados por quienes fueron sus directores administrativos. Luego, vino la absurda liberación de ‘Santrich’ quien gracias a la generosidad de tres magistrados, pudo huir del país y hoy se encuentra en Venezuela, desde donde lidera una gigantesca red de tráfico de cocaína.

Han pasado cerca de 4 años desde la firma del acuerdo Santos-Farc, y la JEP no ha impartido una sola sentencia contra alguno de los miembros de la guerrilla. Me pregunto entonces, ¿en qué otros menesteres estarán enredados los magistrados de ese tribunal cuya única función consiste en “investigar” e imponer benignas sanciones a los cabecillas del terrorismo?

Las cartas están sobre la mesa. Las evidencias son más que abundantes. ‘Timochenko’ ha mentido, ha faltado a la verdad y ha negado la comisión de un crimen de lesa humanidad. La consecuencia solo puede ser una: la pérdida de los beneficios, la imposición de una condena de 20 años y la expulsión inmediata de la JEP. Así, quedaría despejado el camino para que el gobierno proceda a la extradición de ese delincuente que tiene una larga cuenta pendiente con la justicia de los Estados Unidos.

@MargaritaRepo

Publicado: septiembre 14 de 2020