A dos meses de las elecciones de Congreso y cuatro de las presidenciales, ya se están empezando a ver los ríos de recursos que muchos están dispuestos a gastar para reelegirse. Tal parece que, con tal de tener otros 4 años de poder y beneficios a su disposición, los topes que pone la ley se vuelven irrelevantes.

Cualquiera que haya manejado o estado en una campaña política sabe lo importante que es el día D -o el día de las elecciones-. Para los entendidos, ese día se gasta entre el 30% y el 50% de recursos de toda la campaña dependiendo de la región y se gana o se pierde de acuerdo al control que se tenga sobre los electores y sobre el conteo de los votos, donde los testigos electorales hacen una función fundamental. Es imposible el no manejo de efectivo y todos sabemos que el control sobre este es muy difícil, por lo cual aparecerán seguramente los famosos mochileros comprando votos y manipulando electores.

Otro tema importante es de dónde salen esos recursos. Aunque existen candidatos que ponen recursos propios, también existen recursos de terceros que muchas veces están buscando algo a cambio. Muchos de los que financian campañas políticas van buscando un negocio futuro, un contrato o un cambio favorable en normatividad. En definitiva, nuestra democracia sigue siendo demasiado imperfecta.

Si esto sucede en las elecciones parlamentarias, imagínense lo que pasa en las de alcaldías y gobernaciones donde los elegidos sí son ordenadores del gasto y, por ende, pueden entregar muchos más negocios a los donantes. La mayoría de esos contratos golpean las finanzas públicas en rubros como la alimentación escolar o las asesorías tipo “Tocarruncho”, pero hay otras que son más difíciles de detectar como el caso de las foto-multas.

En principio ver las ciudades y las carreteras plagadas de foto multas y controles de velocidad se ve bien, ayuda a que haya menos accidentes, se protege la vida e integridad de las personas y, además, genera ingresos a los entes territoriales, pero revisando un poco más a fondo estos contratos, en muchos se encuentran temas curiosos.

Curiosidades como que por cuenta de que la inversión en las cámaras y el software lo hace el contratista, la manera de pagarles sea con un porcentaje del valor de la multa. Esto implica que a medida que haya más multas el contratista gana más y, por cuenta de esto, existen casos donde, después de la inversión tan grande en carreteras de doble calzada, se debe bajar la velocidad a 20 o a 30 Km por hora donde casi el carro se apaga.

Es muy importante que en estos contratos exista una verdadera valoración técnica sobre las velocidades y los lugares donde se deben poner estas cámaras. No puede ser que esto se convierta en un tema meramente mercantilista y de devolución de recursos invertidos en una campaña.

Adicionalmente, en muchos de estos contratos el porcentaje de la multa que corresponde al contratista es mayor a la del ente territorial; eso no suena bien. Por último, es importante que los entes de control hagan una revisión no solo de la idoneidad de los contratistas, sino también si estos fueron o no donantes de las campañas del alcalde o gobernador.

@SANTAMARIAURIBE

Publicado: enero 9 de 2018