El plebiscito de 1957 unió a la sociedad que supo superar sus diferencias. El de 2016, la dividirá para siempre.

Entre julio de 1956 y julio de 1957, Laureano Gómez y Alberto Lleras finiquitaron un acuerdo político para reestablecer el orden democrático interrumpido por cuenta de la dictadura corrupta del general boyacense Gustavo Rojas Pinillas.

El primer acuerdo entre los jefes del conservatismo y el liberalismo se selló en la ciudad de Benidorm, en España. Allí se fijaron las metas comunes: el regreso de la democracia y el fin de la confrontación violenta entre conservadores y liberales que estaba desangrando a los campos de Colombia.

Un año después, el 20 de julio de 1957, en Sitges, Gómez y Lleras llegan a un documento final luego de que el dictador Rojas se viera, dos meses antes, forzado a salir del gobierno. Se pacta un gobierno de coalición liberal-conservadora, se plantea una alternación del poder y una representación paritaria en los ministerios y las corporaciones públicas. La lógica de lo que se conocería como el Frente Nacional era abrumadora: si conservadores y liberales se estaban matando por el poder, entonces éste sería compartido milimétricamente como fórmula para superar la causa de la violencia. Desde entonces y hasta ahora no volvió a haber en Colombia un solo asesinato por cuenta de que la víctima sea militante del partido liberal o conservador. Desde aquella perspectiva, el proceso de paz finiquitado por Laureano Gómez y Alberto Lleras fue, en extremo, exitoso.

Se acordó así mismo que el acuerdo debía ser convalidado popularmente, razón por la que se propuso la convocatoria de un plebiscito, el cual tuvo lugar el 1 de diciembre de 1957.

Los colombianos tuvieron 4 meses y medio para leer el acuerdo de Sitges que era de dos páginas y media, redactado en un lenguaje sencillo y no abarcaba demasiados temas. En pocas palabras, era un documento simple con el que se pretendía ponerle fin a una guerra compleja.

Aquel fue el primer plebiscito de nuestra historia republicana, tuvo 14 preguntas por las que el 95% de las personas que concurrieron a las urnas votaron afirmativamente.

Han pasado 59 años desde entonces y el gobierno ha convocado nuevamente a los ciudadanos para que se pronuncien popularmente frente a un nuevo acuerdo de paz esta vez con una banda de narcotraficantes y terroristas.

No se está discutiendo un documento breve, sino una compilación de normas contenidas en 297 páginas que cambiarán la estructura constitucional, económica y social de nuestro país. Y todo se redujo a una sola pregunta, ambigua, gaseosa y, por supuesto, tramposa.

El plebiscito de 1957 fue el resultado de un pacto social nacional que convocó a todos los sectores de la sociedad colombiana. Su naturaleza, aunque acordada por los jefes de los grandes partidos, fue puramente cívica. Fue un país hastiado de los abusos y desmanes de la sanguinaria dictadura, el que decidió ponerle fin a la violencia bipartidista para rescatar a la democracia de las garras del chafarote que la tenía usurpada.

El acuerdo de La Habana está lejos de reflejar un consenso. De hecho, al margen del resultado del próximo 2 de octubre, la sociedad colombiana quedará profundamente fracturada. No existe la mínima posibilidad de alcanzar un entendimiento entre los ciudadanos que defienden el SÍ y los que con suficientes razones y argumentos propugnan por el NO.

Puede que Santos logre hacer la paz con los terroristas de las Farc, pero el costo de oportunidad que tendrá que asumir será muy alto y se verá en los millones de colombianos que concurran a las urnas a decirle NO en su empeño de perdonar y dejar impunes a los responsables de los peores crímenes que se han cometido en nuestra nación.

La ilegitimidad de lo acordado con las Farc es ostensible. Quienes se oponen a ese acuerdo no lo hacen por capricho ni por “envidia” como lo han querido insinuar los portavoces del presidente Santos. Existen razones potísimas que hacen que un gran sector de la comunidad, con convicción, esté dispuesto a poner su mirada más allá de la “mermelada” con la que el gobierno pretende seducirlo, y marcar NO en las votaciones del 2 de octubre.

@IrreverentesCol