En los últimos meses el polémico sacerdote Francisco de Roux, quien funge como presidente de la denominada ‘Comisión de la Verdad’, entidad ilegítima que emanó del acuerdo de Santos con la banda terrorista de las Farc, acuerdo que fue impuesto a la brava desconociendo el resultado del plebiscito de 2016 en el que la mayoría ciudadana votó en contra de aquel, ha dejado en evidencia su sesgo y su proceder tramposo.

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En teoría, la comisión presidida por de Roux no tiene alcances judiciales y tiene el mandato de elaborar, con ponderación y objetividad un informe de lo que sucedió en Colombia durante los años de la violencia terrorista.

Desde el mismo instante en que se conformó el equipo de comisionados que debían acompañar al rabioso sacerdote jesuita se supo del sesgo de los mismos y se previó que el resultado final sería insoportablemente favorable a los terroristas, como en efecto sucederá.

De Roux es un justificador de la violencia. Ha tratado, a lo largo de su vida con guantes de seda a los guerrilleros del ELN, banda históricamente conformada por antiguos sacerdotes afectos a la nefanda corriente denominada “teología de la liberación”. Sería desproporcionado aseverar que él es un cura guerrillero, pero justo es apuntar que su posición frente a esos grupos es, por decir lo menos, suave y muchas veces complaciente.

Nadie tiene porqué sorprenderse que en lo relacionado con el acuerdo de La Habana se hagan trampas y se adelanten maniobras oscuras. De hecho, el acuerdo fue impuesto de manera ilegal a través de una absurda proposición presentada en el Congreso de la República, con la que se pisoteó el sentir de más de 6 millones de colombianos que votaron por el NO y que, en consecuencia, exigían que se hiciera un nuevo acuerdo el cual, según había indicado la propia corte constitucional, tenía que ser sometido a un nuevo plebiscito. Nada de ello ocurrió.

La ‘Comisión de la Verdad’ tenía un mandato limitado en el tiempo, el cual culmina este año. Sus integrantes debían hacer su trabajo en el periodo establecido. Pero claro, contentos con el multimillonario presupuesto y engolosinados con las funciones seudojudiciales que se arrogaron, maniobraron ilegalmente para ampliar por un año su existencia.

Y la corte constitucional, que ha sido una sucia cortesana de lo pactado con los terroristas, en vez de hacer respetar lo escrito validó el zarpazo aprobando la inadmisible prórroga.

Seguramente, en 12 meses se inventarán alguna historia para extender su periodo hasta que terminen de elaborar la nueva historia de Colombia donde los victimarios quedarán retratados como un oprimidos y las víctimas de aquellos convertidas en monstruosos fascistas enemigos del pueblo.

¿Cuántas veces no se le ha oído decir al presidente Uribe que hay que tener cuidado con las elecciones del año entrante? En palabras suyas: ojo con el 22. Y sí. Una de las tareas impostergables es la de evitar que un soldado de la causa neocomunista se alce con la victoria para implantar en el país un sistema afecto al nefando socialismo del siglo XXI y, apoyado por entidades de cuestionada nombradía como la ‘Comisión de la Verdad’, termine de cubrir con impunidad a los genocidas de las Farc y desate, paralelamente, una persecución contra todos los enemigos y críticos del comunismo.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 5 de 2021