En declaraciones que hace poco dio para El Espectador, el Nuncio Apostólico observa que hay que distinguir entre los movimientos armados que se proponen fines políticos y los que persiguen finalidades netamente delictivas. Según su punto de vista, con los primeros hay que entrar en negociaciones de paz, mientras que a los segundos se les debe imponer el peso de la ley.

El planteamiento no es novedoso. De hecho, es un dogma jurídico-político sólidamente arraigado en la mentalidad colombiana, que alguno de ingrata recordación acuñó de mala manera en estos términos: “Una cosa es matar para que otros vivan mejor y otra, hacerlo simplemente para delinquir”. Según esto, a los primeros hay que darles oportunidades para insertarse al juego político, mientras que a los segundos hay que combatirlos y tratar de someterlos al rigor del derecho penal.

La raíz de esta distinción está en el concepto del delito político como una conducta que, si bien es desviada, se inspira en ideales altruistas y merece, por consiguiente, tratamiento especial. La idea surge de la consideración de los revolucionarios liberales de los siglos XVIII y XIX que luchaban contra lo que se creía que era el despotismo monárquico y en favor de la libertad.

¿Pero qué sucede si la lucha revolucionaria no se endereza hacia la libertad, sino, todo lo contrario, hacia la instauración de regímenes totalitarios y liberticidas? ¿Hay qué ser igualmente condescendientes para con ella? ¿Merece el mismo trato el que lucha contra una dictadura que el que atenta contra un régimen democrático y liberal?

El asunto se complica cuando se considera que el revolucionario que pretende derrocar por la fuerza de las armas un régimen que considera injusto, dizque para instaurar otro que según su ideología sí haga honor a la justicia, se ve inmerso en una dinámica de violencia que termina poseyéndolo de modo implacable.

En “Los Poseídos”, “Los Endemoniados” o, simplemente, “Demonios“, títulos que se han asignado a las traducciones al castellano de una de las más importantes novelas de Dostoiewski, se examina con asombrosa lucidez, más que la psicología, la sociopatía de las organizaciones clandestinas o subversivas que pretenden imponer por la fuerza su propia concepción de la sociedad ideal y del hombre nuevo llamado a configurarla.

Lo que ha trascendido del acontecer en el interior de las Farc es aterrador. Y lo mismo, o algo peor quizás, debe de haber ocurrido dentro de las filas del ELN.

En su prólogo a “Cumbres Borrascosas”, cita Borges a un comentarista que dice que, si bien los nombres de personajes y lugares que figuran en la novela son ingleses, la acción transcurre en el Infierno. Esto mismo puede decirse, con más veras, acerca de la vida dentro de las Farc, el ELN y las demás organizaciones guerrilleras: todo género de maldad puede darse ahí, cualquier descripción de los círculos infernales se queda corta respecto de las atrocidades que so pretexto de la supervivencia del grupo, su cohesión interior, su defensa frente a enemigos reales o imaginarios, la prosecución de la causa, la autoridad de los cabecillas etc. terminan cometiéndose. El iluso que cree que empuña las armas contra un ejército enemigo y opresor, termina utilizándolas contra sus propios conmilitones o el pueblo que dice representar y defender. Su guerra pierde el norte: ya no lo es contra el “establecimiento”, sino contra las comunidades. Y una vez probada la sangre humana, la sed por derramarla se torna incontenible. Se mata sin piedad, todo ejercicio de crueldad se torna viable. Así, a un conocido mío lo tuvo secuestrado el ELN en una cueva durante varios meses cerca de Concepción, sin que pudiera ver el sol. Y se dice que en los orificios de las cárceles subterráneas del pueblo en que el M-19 mantenía a sus secuestrados, Petro, que oficiaba de guardián, defecaba sobre ellos para cubrirlos de su inmundicia.

Supongamos que el actuar del ELN se circunscriba a lo político: los medios que utiliza son, sin embargo, atroces y dignos de juzgarse por la jurisdicción penal internacional. Pero, ¿quién garantiza que con miras a su financiación y su fortalecimiento, no se haya involucrado con los demás grupos ilegales que controlan vastos sectores del territorio nacional? ¿Está seguro el Nuncio de que el ELN no participa del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades que socavan el orden social?

El NAF, que el Nuncio dice que goza del apoyo de la comunidad internacional, cualquier cosa que esta entelequia signifique, es uno de los instrumentos más perversos que hayan podido concebirse, en la medida que extendió el trato favorable al delito político a otros que se consideran como tales por conexidad. Delito político es, entonces, el reclutamiento de menores, las vejaciones sexuales a que son sometidos, el fusilamiento de los que han pretendido escapar o se consideran desleales, el aborto forzado, el minado de campos, las masacres, la voladura de oleoductos, los daños ambientales que de ahí se siguen, el desplazamiento de comunidades enteras, etc.

¿Hay que premiar todos esos delitos, a cambio de promesas poco confiables de cesación de actividades subversivas?

Es más, ¿procede la equiparación que tácitamente hace el Nuncio de la organización criminal del ELN con el Estado colombiano, que es una democracia, todo lo imperfecta que se quiera, pero democracia al fin y al cabo?

La paz es, desde luego, deseable. Pero debe promovérsela de modo sensato, realista, pensando no solo en el corto plazo, sino en el mediano y hasta en el largo. Ya es claro que con las Farc no hubo un acuerdo de paz, sino una cobarde claudicación que Santos aceleró en función de que le otorgaran un inmerecido y vergonzoso Premio Nobel de Paz.

¿Qué nos sugiere el Nuncio? ¿Más de lo mismo? ¿Algo peor?

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: julio 28 de 2020