A comienzos del presente año, y antes de comenzar la pandemia, las organizaciones políticas y sociales de izquierda prendían los motores para seguir la implementación de la agenta política que había definido Gustavo Petro, desde el mismo instante que conoció de su derrota en las elecciones que es el de pasar al escenario de la movilización callejera que tiene como propósito fundamental paralizar las principales ciudades de país a través de acciones y hechos que buscan claramente generar pánico, zozobra, incertidumbre, e inseguridad, para abrirle paso a las organizaciones criminales para que puedan ejecutar sus acciones terroristas.
No olvidemos que a las pocas semanas de haber asumido la presidencia el presidente Duque, comenzaron las movilizaciones de los estudiantes universitarios, que sumado al famoso Paro Nacional del mes de noviembre del año pasado pretendían implementar el programa de gobierno derrotado en las urnas. La pandemia bajo la temperatura perturbadora que comenzaba a crecer, el aislamiento obligatorio de varios meses, y los efectos de esta, permitió que la prioridad del gobierno nacional, de las regiones, y de toda la sociedad, fuera la atención, prevención y mitigación de tal vez el peor momento que ha vivido el país en las últimas décadas.
Cuando comienza la apertura de las actividades comerciales para regresar a la normalidad sin olvidar la prioridad que debe tener la prevención del virus mientras avanzan las investigaciones científicas para obtener la potencial vacuna contra el coronavirus, y cuando la gente reactivaba sus actividades cotidianas para vencer la adversidad, se encendió de nuevo la mecha de la movilización y la vandalización, aprovechando los hechos repudiados de policías y soldados que en situaciones aisladas abusaron de su condición de autoridad y poder para saltar la cerca y generar la muerte de dos colombianos en medio de procedimientos policivos y militares.
Y como el propósito es desestabilizar, aparece la MINGA. Se debe recordar y difundir que las comunidades indígenas gozan de protección constitucional, de representación política, como derechos civiles y patrimoniales especiales. También se debe precisar que los indígenas tienen derecho a la protesta y a la movilización, pero otra cosa es utilizar esos derechos para insistir en una agenda peticionaria que desborda nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y, sobre todo, presupuestal.
El exprecandidato presidencial Rafael Nieto, nos recordaba que presupuestalmente en el paro promovido en el 2017 se quedaron con el 1% del Sistema General de Participación, y que en este gobierno se destinó en los Planes plurianuales de Inversiones 10 billones para las comunidades indígenas. Y de la MINGA promovida el año pasado las organizaciones obtuvieron $823.148 millones adicionales.
En materia de tierras los indígenas se convirtieron en verdaderos terratenientes. Un informe del diario La República publicado el 6 de junio del presente año, prueba que el 42.50% de las tierras tituladas en Colombia están en poder de personas naturales y empresas (48.519.153 de hectáreas), y el 30.10% están en manos de resguardos indígenas, comunidades negras… (34.354.066 de hectáreas). Los otros porcentajes pertenecen al Estado, áreas protegidas, baldíos…
También debe aclarar o negar la MINGA la información confidencial de la Revista Semana que alerta que los voceros de la marcha indígena tienen un pliego que fácticamente pretende refundar al país que va desde exigir cambio al modelo económico y político, renuncia del Ministro de Defensa, hasta diálogo inminente con la banda terrorista del ELN. Todo esto prueba que esta MINGA es un despropósito, una prueba que aquí estamos ante una claro saboteo contra la normalidad y economía del país y contra el gobierno nacional.
Ojalá la MINGA, las autoridades regionales y locales, entiendan que no hemos salido de la pandemia, que el riesgo del contagio sigue entre nosotros, que las alertas sanitarias y el colapso de las UCI están presentes, que la alerta de rebrote es posible.
Ojalá entendamos que la vida prima sobre aspiraciones políticas y caprichos electorales, que las solicitudes y aspiraciones sociales pueden tener su trámite y dialogo normal y cívico sin necesidad de acudir a la amenaza, vandalización, al terrorismo.
Publicado: octubre 13 de 2020
4.5
5